FRAUDE Y ECONOMÍA SUMERGIDA

¿CON IVA O SIN IVA?

     Cuantas veces hemos oído esta frase? Seguro que a todos nos suena y cuantos de nosotros  hemos contestado: “Sin IVA por favor”.

   Al españolito de a pie, como buen latino, siempre le ha gustado  eludir las responsabilidades con el “fisco” procurando engañar al Montoro de turno.

Según la Real Academia de la Lengua, se entiende por fraude el:

“Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros”.

En términos económicos, se define como “economía sumergida al conjunto de actividades económicas no declaradas que escapan al control de la Administración y de las estadísticas oficiales”.  

        Históricamente, la mayoría de los mortales hemos alardeado de nuestros éxitos ante la declaración de la renta y hasta hace muy pocos años nos parecía casi obligado procurar eludir los pagos a la Hacienda Pública.

        En el año 1978, con Francisco  Fernandez Ordoñez como Ministro de Hacienda, se puso en marcha una campaña publicitaria con el lema: “Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos”. El fin último de la campaña era concienciar a los ciudadanos para que todos presentasen la declaración  y por supuesto sin defraudar.

        Hasta esas fechas, era práctica habitual no presentar la declaración y si la presentabas procurabas rellenarla con datos falsos.

      Por supuesto, en el caso de la mayoría de los mortales y sujetos a una nómina las posibilidades de hacer trampas, quedaban bastante reducidas, aunque siempre la picaresca hace milagros, sobre todo si no te pillan, en caso contrario Hacienda te envía una “Declaración Paralela”.

      Ya a mediados del Siglo XIX, siendo Ministro de Hacienda Juan Bravo Murillo, durante la presentación de los presupuestos pronunció la célebre frase: “Porque, desengáñense Señorías, Hacienda somos todos”.

      En nuestro anterior cuaderno, analizamos la corrupción en España y comparativamente con el resto del mundo. La corrupción se entiende como aquellas prácticas referidas a la clase política. Ahora toca descender en la escala y analizar el fraude, fraude que afecta a una gran parte de los españoles,  políticos y no políticos.

     Para empezar a analizar datos sobre fraude, conviene conocer determinados términos del mundo económico y más concretamente referidos a España.

    Los datos macroeconómicos de un país quedan representados en el PIB (Producto Interior Bruto). Analizamos a continuación los distintos PIB.

      El PIB mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales a lo largo de un periodo determinado (trimestral y anual).

     Otra definición de PIB es: El producto interior bruto es el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en España durante un año.

     El PIB per-cápita en España (o PIB por habitante), se obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes. Es muy útil para comparar el bienestar de los habitantes de distintos países, ya que representan el valor de los bienes y servicios producidos por cada uno de ellos.

       El PIB subió en España en el año 2019 un 2% con relación al anterior ejercicio. El PIB Per-Cápita de 2019 de España fue de 26.420€. En 2018  la cantidad ascendió a 25.730€, 690€ menos que en 2019.

       Como hemos comentado, el PIB refleja la actividad interna de un país. No confundir con el  PNB (Producto Nacional Bruto) que refleja cualquier actividad desarrollada en todo el mundo por los residentes o empresas pertenecientes al país en cuestión.

     Ya conocemos los términos referidos a la economía y podemos comenzar nuestro recorrido por el fraude en España conociendo el significado de otros términos bastante familiares para cualquier mortal.

    Los términos evasión fiscal o evasión de impuestos, coloquialmente conocidos como “fraude fiscal”, es la actividad en la que incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las autoridades tributarias, con el fin de pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponden.

   Se conoce como ”dinero negro” todo aquel que ha evadido el pago de gravámenes fiscales. Este término se refiere a las actividades ilegales o legales, pero que se evita declararlas a Hacienda. Estas cantidades monetarias, se procura no ingresarlas en entidades financieras, para que no figure registrado en los movimientos bancarios y el Estado no tenga conocimiento de su existencia.

       El fraude o evasión fiscal, engloban una serie de conductas irregulares entre las que se encuentran no sólo el impago de impuestos, sino también el impago de cotizaciones a la Seguridad Social, el incumplimiento de las normas laborales, el incumplimiento de procedimientos administrativos o la corrupción. Asimismo, forman parte de la economía sumergida, el tráfico de drogas, la prostitución, el tráfico de armas o la  delincuencia organizada.

        El fraude no es una actividad de nuestro tiempo, tiene su origen en el mismo momento en que los estados imponían pagos a los habitantes de un comarca o Estado. Siempre ha sido necesario obtener ingresos para sufragar los gastos del Estado.

       Roma en tierras conquistadas estableció el “tributum o estipendium”, que gravaba la tierra y que tenían que pagar las personas o el “tributum capitis” que generalmente, se exigía a todos los habitantes por igual.

        Durante la dominación musulmana, en la Península Ibérica se establecieron impuestos sobre: Cosechas, sobre transacciones económicas, sobre derechos de paso, rebaños, tierras, edificaciones. Entre todos los impuestos destacaron: Los derechos de aduana denominados “almojarifazgo” y las “gabelas” que se pagaban al comprar o vender algo.

      Ya en la Edad Media, se establecieron  impuestos en función de las necesidades del Rey. No era necesario tener establecido un presupuesto.

     En nuestro tiempo, el fraude fiscal es mas sencillo de llevar a cabo, especialmente debido a la globalización, las finanzas internacionales, el secreto bancario y el avance de los programas informáticos.

       El fraude fiscal afecta muy directamente a las economías tanto locales, autonómicas o estatales y deteriora la confianza de los ciudadanos con el Estado. Con el fraude, los objetivos de distribución de la riqueza previstos por la legislación no son ecuánimes, se debilita y empobrece al Estado, afectando a la calidad y cantidad de los servicios públicos, se incrementa el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos que  pagan sus impuestos para compensar las pérdidas de los que defraudan.

      Si analizamos las encuestas que anualmente realiza el Instituto de Estudios Fiscales, podemos observar como con el transcurrir de los años las personas nos vamos haciendo mas responsables en relación con nuestros deberes con Hacienda.

        De la encuesta de 2019, resaltan algunos datos clarificadores:

1. En la actualidad, a la pregunta de si consideran importante la no evasión de impuestos los españoles dan una puntuación de 8,58 sobre 10. y una puntuación de 8,73 sobre la importancia de cumplir siempre las Leyes y normas.

2. En la pregunta sobre los impuestos, destacan tres apartados: Un 13,8% los encuestados opinan que los impuestos son un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad. Un 26,3% de los encuestados opinan que los impuestos son  algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. Un 57,5% de los encuestados opina que los impuestos son necesarios.

3. A la `pregunta de si consideran importantes los beneficios que sacamos de nuestros impuestos, un 27,8% consideran que los beneficios son bastante importantes, y un 57,4% consideran que los beneficios que recibimos son poco importantes.

4. Los españoles consideran en un porcentaje del 30,9%, justas las prestaciones del Estado en función de lo que pagamos y un 58,4% considera que recibimos del Estado menos de lo que pagamos.

5. A la pregunta de si pagamos muchos impuestos, el 5,4% considera que pagamos poco, un 36% de los encuestados considera que pagamos mas o menos lo justo y un 53,9% opina que pagamos mucho.

6. Preguntados sobre si consideran que en España hay fraude fiscal, un 49,5%, consideran que hay mucho fraude fiscal, un 41,7% opina que hay bastante fraude fiscal y el 4,4% opina que existe poco fraude fiscal.

7. A la pregunta de si las personas conocidas declaran todos sus ingresos a la Hacienda, un 29,8% considera que si los declaran, un 36,9% opina que declaran bastante y un 18,2% opina que declaran poco.

      En párrafos anteriores, hemos indicado que los españoles con el transcurso de los años, nos estamos concienciando de la necesidad de tributar. Según los datos del Barómetro del mes de Octubre del año 2015 elaborado por el Centro de Investigaciones Sociologicas (CIS), la mayoría del país no estaba nada satisfecha con la carga tributaria que soportaban en esas fechas, un 63,9% de los españoles opinaba que se pagaban muchos impuestos y un 64,2%, opina que la sociedad en su conjunto recibía poco a cambio de esos impuestos.

       En la misma encuesta, el 93,9% de los entrevistados percibían mucho o bastante fraude fiscal en España, aunque la cosa cambia si se trata de opinar de uno mismo, solo un 8,4% se consideraba defraudador  y poco responsable ante la Hacienda Pública.

        Un 23,3% de los entrevistados consideraba que el primer motivo para ocultar parte de los ingresos, se debía a la necesidad de aceptar cualquier trabajo.

        La encuesta  aporta otros datos como que el 86,4% piensa que engañar a Hacienda significa  engañar al resto de los ciudadanos, el 72,3% de los entrevistados, cree que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión y el 44,9% considera que casi todo el mundo engaña.

        Comparando los datos del Instituto de Estudios Fiscales de 2019 con la encuesta del CIS de 2015, podemos comprobar que en solo 4 años vamos evolucionando en positivo.

       Como las estadísticas aburren soberanamente a pesar de que indican claramente la percepción de los contribuyentes, pasemos al anecdotario de como los españoles se ingenian para tratar de engañar al Fisco.

· La Ley, permite desgravarse por la adquisición de la vivienda habitual. En los  años de crisis, algunos  jóvenes que adquirieron una vivienda, se vieron obligados a volver a la casa con sus padres por falta de recursos económicos. En esta situación, se pierde el derecho a la deducción por adquisición de la vivienda, por no tratarse de su vivienda habitual. No obstante, algunos contribuyentes siguen intentando desgravarse por la vivienda a pesar de poder ser descubiertos por Hacienda.

· Determinadas parejas que realizan la declaración por separado, se deducen cada uno de ellos, el 100% de cada uno de sus hijos. La Ley permite la desgravación por hijos pero si se reparte entre la pareja. Con la nueva Ley, Hacienda cuenta con información procedente del Registro Civil para evitar este tipo de fraude.

· Uno de los campos mas abonados para el fraude es el de las “chapuzas” entre particulares. Siempre ha sido practica habitual que tanto la persona que contrata el servicio, como el contratado, acuerden un precio por la obra o servicio, sin que exista factura por medio y por lo tanto, la Hacienda Pública deja de percibir la parte correspondiente al IVA. A partir de la publicación de la Ley 7/2012 de 29 de Octubre, que impide en determinados casos pagar en efectivo si la cantidad supera los 2500€, los posibles contribuyentes y amigos de defraudar, lo tienen un poco más complicado.

· Otro de los colectivos mas afectados por la  economía sumergida es el colectivo de Empleados Empleadas de Hogar. Hasta hace unos pocos años, la mayoría del colectivo, no se encontraba dado de alta en la Seguridad Social. El  Real Decreto 1620/2011, de 14 de Noviembre, estableció la nueva relación laboral  del servicio del hogar, eliminando el Régimen Especial de Empleados del Hogar. Desde la fecha de publicación de la nueva Ley en Enero de 2012, se ha producido un importante incremento en la afiliación a la Seguridad Social, pasando de un 43% de las ocupadas a finales de 2011 (aproximadamente 295.500 afiliadas) a un 69,1% en 2015 (aproximadamente 424.423 afiliadas). En el año 2018, se mantenían los porcentajes de las Empleadas-Empleados del Hogar afiliadas a la Seguridad Social. El número total de Empleadas del Hogar en el año 2018 ascendía a 637.700 trabajadoras. De los datos reflejados, se desprende que todavía un porcentaje importante de estas trabajadoras se encuentran excluidas de la Seguridad Social, formando parte de la economía sumergida de este país.

· Alquileres de pisos. En este campo se da un alto grado de economía sumergida, al no declararse muchos de los alquileres que se realizan entre particulares. Casi la mitad  de los alquileres de vivienda en España no se declaran y estamos hablando 1,3 millones de viviendas. El arrendar pisos sin comunicarlo a la Hacienda Pública, siempre ha sido el gran negocio dentro del mercado inmobiliario español. Se calcula, que en el año  2008, más del 55% de los alquileres de vivienda defraudaban al Fisco. Las rentas por arrendamientos no declarados se calculan en unos 3.000 millones de euros anuales.

· Compra sin Factura. En la actualidad, las grandes superficies llevan el IVA incorporado en sus productos, pero un número muy alto de las ventas se siguen efectuando en el pequeño comercio y en un porcentaje muy alto las ventas no incorporan factura por mutuo acuerdo de comprador y vendedor.

· Con la llegada de Internet, el fraude se adapta a las nuevas formas. Uno de los métodos de fraude mas utilizado es la bajada de música, películas, videojuegos, sistemas operativos, programas informáticos, etc, a través de páginas piratas sin abonar las correspondientes cuotas por derecho de la propiedad intelectual.

· Quien no conoce algún ejemplo de personas que acuerdan con el jefe de turno el despido con el fin de cobrar el paro durante una temporada.

          Hemos traído a estas páginas algunos ejemplos de economía sumergida pero los lectores de estas líneas, seguro que conocen infinidad de métodos de fraude.

        Volvamos a las cifras puras y duras. En España no existen estudios oficiales sobre la economía sumergida, podría dar la sensación que los distintos gobiernos del signo político que sean permiten un determinado porcentaje de fraude. En función de las fuentes que consultemos, los porcentajes de economía sumergida varían, pero la mayoría de estudios se inclinan por porcentajes del entorno del 20%.

         En el año 2010 en plena crisis, el Ministro de Trabajo Celestino Corbacho se aventuró a  decir que el fraude rondaba el 20%.

        Algunos  expertos apuntan a que el fraude no se cuantifica por falta de voluntad política para enfrentarse a este problema. Los mismos expertos justifican la poca voluntad de los políticos por abordar el tema porque se entiende que la  economía sumergida actúa como colchón social que impide protestas sociales. Durante la última gran crisis en el año 2012, el paro alcanzó un porcentaje del 25,77%, o lo que es lo mismo, 6.021000 parados. Quien no se llegó a preguntar como era posible que con este número de parados no se produjeran revueltas sociales? Posiblemente la respuesta esta en la economía sumergida.

       Estudios elaborados por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) y la Universidad Rovira y Virgili nos indican, que durante los años de crisis la economía sumergida alcanzó el 25,6% del Producto Interior Bruto, 6,8 puntos porcentuales más que en el año 2008, año en el que se desató la crisis.

       Según los datos aportados por Gestha, durante la crisis, la economía sumergida subió a los 60.000 millones de euros, o lo que lo mismo 15.000 millones de euros anuales.

      El fraude en España se palpa en el ambiente, el dinero en metálico que circula por nuestras calles, supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro y el 6% de EE UU. Otro signo de fraude es el enorme volumen de billetes de 500 euros que circulan por España. Se calcula que están circulando en nuestro país en el entorno de 22,9 millones de billetes de 500 euros.

        El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) acordó a principios de mayo de 2016 dejar de producir billetes de 500 euros.

      Siguiendo con los estudios de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y dando por bueno el dato de un 20% del PIB de economía sumergida, el dinero que no se declara a la Hacienda española ronda los 300.000 millones de euros.

      Pero los presupuestos tienen que cuadrar, si hay personas o empresas que no declaran, otros contribuyentes tendrán que tapar esos agujeros fiscales. Se calcula que cada contribuyente honrado tiene que abonar en el entorno de 2000 euros anuales para compensar la falta de ingresos de los defraudadores. Es bueno que aclaremos que el 70% de los defraudadores está relacionado con importantes fortunas y grandes empresas.

         En España se calcula que en 2019, había 3,28 millones de autónomos afiliados a la Seguridad Social, cifra que supone en torno al 17% de la población española en edad de trabajar. 

       Se calcula en un millón de autónomos los que actúan en “negro”, incurriendo en competencia desleal contra el resto de autónomos que si cumplen religiosamente con Hacienda.

        Uno de los mayores lastres para el crecimiento de un país es la cantidad de dinero que se oculta a la Hacienda Pública. Según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), se calcula en 70.000 millones de euros, el dinero que se deja de ingresar en las arcas del Estado. Este montante económico supone aproximadamente el 6% del PIB.

         Seguimos buscado datos de cuanto defraudan los españoles por año. Expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) realizaron un informe sobre fraude fiscal en España titulado ”El hueco que deja el diablo”. En dicho estudio, se estima en 20.000 millones de euros el fraude solo en IRPF, un 1,7% del PIB.

         En el informe, se señala que si al fraude por IRPF, le sumamos el fraude por IVA y el Impuesto de Sociedades llegaríamos a los 40.000 millones de euros, cantidad equivalente al 4% del PIB. Fedea, se pregunta por donde podemos encontrar el Fraude? Los trabajadores asalariados y sujetos a nómina poco fraude pueden cometer. El fraude habrá que buscarlo en otros campos, por ejemplo, en los rendimientos del capital mobiliario (intereses y dividendos), cuya evasión procede de declarantes que tienen capitales en el extranjero sin declarar.

      El informe de la Fundación de Economía Aplicada (FEDEA), indica que se puede asegurar que los españoles tienen en paraísos fiscales 144.000 millones de euros aproximadamente, y que si esta cantidad tributase a la Hacienda, se podrían ingresar  7.400 millones de euros anuales. Otros puntos de fraude se encuentran en las rentas inmobiliarias, autónomos y profesionales libres. FEDEA en su estudio concluye que la economía sumergida en España alcanza el 20% del PIB. La presión fiscal media está en España en el 33%, por lo tanto si las cantidades defraudadas cotizasen, Hacienda ingresaría un 6% adicional del PIB.

 Estudiemos brevemente el perfil del defraudador en España:

· Profesionales que no declaran el IVA, autónomos que no se dan de alta, desempleados que trabajan en negro para mantener subsidios o completar el sueldo, profesionales que falsean facturas

 Este tipo de fraude viene motivado por la necesidad y la falta de alternativas, siendo el objetivo prioritario en las investigaciones de  Hacienda. Este tipo de economía sumergida no supone un gran perjuicio para las arcas públicas, Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) el fraude fiscal de particulares, plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital no supone más de 1.543 millones de euros anuales. Si este tipo de fraude está en el punto de mira de Hacienda es más un problema de competencia en el sector y de ejemplaridad para que los que pagan vean que se castiga a los que no pagan.

· Algunos  pequeños empresarios, pagan una parte de los honorarios a sus trabajadores  en un “sobre”, como se hacia a nivel general hace unos años. Este tipo de empresarios, no declaran todo lo que deberían en función de su producción y, en la mayoría de los casos, no cumplen con las normas laborales. Este tipo de fraude consiste en: Ocultar  parte de las ventas, inventarse gastos, prestar servicios sin factura y ocultar capitales.

A veces son empresarios o compañías subsidiarias de otras que actúan de comerciales y se encargan de trabajar a precios ínfimos. Cuando se le persigue, el empresario no responde con sus bienes porque la sociedad patrimonial no está a su nombre y, en ocasiones, la empresa cambia de nombre y de localidad, aunque mantenga en plantilla a los mismos trabajadores.

· Analicemos al gran defraudador. Las grandes empresas y fortunas evadieron 42.711 millones de euros en 2010, un 71,8% del fraude en España según (Gestha). La cifra triplica la de pymes y autónomos, que rondó los 16.261 millones. Suelen cumplir con las normas laborales, pero recurren a una planificación fiscal agresiva utilizando recovecos de la ley para pagar menos impuestos.

Aparentemente cumplen con la legislación, la clave está en dónde tributan, sobre todo cuando son internacionales y desvían sus beneficios a paraísos fiscales, el 80% de las empresas del Ibex tiene dinero en paraísos fiscales.

· Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs). Una SICAV debe cumplir siempre con los siguientes requisitos:

El número mínimo de accionistas debe ser de 100.

La autorización, registro y control de las SICAVs está supervisado por la CNMV.

El capital social inicial de una SICAV será de 2.400.000 euros como mínimo, totalmente suscrito y desembolsado.

Se pueden crear SICAVs por compartimentos diferenciados con objetivos de inversión distinta. En el caso de existir compartimentos, cada uno contará de manera independiente con un mínimo de 20 accionistas y un capital de 480.000 euros, sin perjuicio de cumplir los mínimos anteriores.

La gestión de la SICAV la puede realizar la propia sociedad anónima o puede encomendarse su gestión a una sociedad gestora.

La SICAV puede realizar operaciones con acciones propias sin tener que cumplir con los requisitos impuestos por la Ley de Sociedades Anónimas.

    La SICAV es el mecanismo previsto para gestionar adecuadamente inversiones colectivas en mercados financieros y como tal están diseñadas, aunque las principales pegas que se le argumentan son su régimen fiscal.

       Régimen fiscal de las SICAVs. Las SICAVs pueden tributar al 1% por los beneficios obtenidos siempre y cuando el número mínimo de accionistas sea de 100, al igual que los fondos de inversión en número de partícipes.

         Una SICAV, es perfectamente legal de cara al Fisco, pero solo cotiza por el 1%.

    Resumiendo, si la economía sumergida desapareciera, con el dinero recaudado, casi podíamos abordar el presupuesto anual de la Seguridad Social.

Ranking de los países defraudadores. El Periodico de fecha: Jueves, 15/06/2017

      Conocemos donde se encuentra la economía sumergida pero que hacen nuestros gobiernos para erradicarla?

       España es uno de los países que menos recursos dedica a la lucha contra el fraude. Según datos de la OCDE, la Hacienda española dispone de un empleado por cada 2.836 ciudadanos, mientras que en la UE de media cada efectivo controla a 1.185 contribuyentes, en Francia disponen de un empleado de Hacienda por cada 860 contribuyentes y en Alemania un empleado de Hacienda por cada  729.

      En España, sólo el 30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a la inspección, frente al 42% de media europea. Como resultado, los inspectores sólo interceptan un 10% del dinero negro. Y para colmo, gran parte del fraude prescribe porque no consiguen terminar el expediente a tiempo.

     Según la opinión de los inspectores de Hacienda, el punto de mira de la inspección apunta en dirección incorrecta al centrar las inspecciones en el pequeño defraudador en lugar de en las grandes empresas, que disponen de muchos medios y fórmulas para pagar menos impuestos utilizando normativas mercantiles, civiles e internacionales.

     En los últimos años, la  Agencia Tributaria viene publicando la lista de los contribuyentes que deben importantes cantidades al Fisco. La lista la componen pequeñas y grandes empresas así como personas físicas que todos conocemos.

      El listado publicado en 2019, contempla la relación de aquellas empresas y personas físicas con deudas superiores al millón de euros al cierre del ejercicio de 2018. En el listado figuran 4.028 personas y empresas que deben en total más de 14.100 millones. El 40% de los integrantes de la lista, están relacionados con el sector inmobiliario.

     Para los amantes de las estadísticas y de las curiosidades, recomendamos ojear el listado oficial de los defraudadores.