LA CORRUPCION INNATA AL SER HUMANO

    Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: “Corrupción, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

    La opinión de los ciudadanos sobre la clase política española deja mucho que desear, en especial a raíz de los múltiples casos de corrupción que afectan especialmente al PP y PSOE.

    Basta con hojear los periódicos, escuchar la radio, ver los distintos telediarios o entrar en las redes sociales, para comprobar cómo los escándalos en el mundo de la política se suceden un día sí  y otro también.

Que mejor que tomar la corrupción con un cierto sentido del humor como la portada de la Revista Hermano Lobo

    Pero antes de entrar a comentar los datos de la corrupción actual, preferimos realizar un breve recordatorio de la historia de la corrupción a lo largo de los siglos.

•     Para darnos cuenta de que la corrupción es inherente a la condición humana, algunos historiadores manejan ejemplos de corrupción en la antigüedad. En Mesopotamia, allá por el año 1500 a.C, se consideraba legal el establecimiento de tratos económicos de políticos con los poderosos, siendo considerada una vía reconocida para establecer relaciones pacíficas. 
•     Durante el reinado de Ramsés IX, año 1100 a.C. en el viejo Egipto, un funcionario del faraón, denunció por medio de un documento que se conserva, los negocios sucios de un compañero también funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas. 
•      En el año 324 a.C. Demóstenes, político y orador ateniense considerado el mejor orador de la antigua Grecia, fue acusado de haberse apoderado de cantidades importantes de dinero depositadas en la Acrópolis y pertenecientes a Alejandro Magno, fue condenado y exiliado.   
•    El también ateniense Pericles, importante  político y orador conocido como el Incorruptible, fue acusado de haber especulado en los trabajos de construcción del Partenón, la obra cumbre de la ciudad de Atenas. 
•     La antigua Roma tampoco se libró de los casos de corrupción, para los amantes de este tema, recomendamos la lectura del libro: “La corrupción en el mundo romano” de Gonzalo Bravo. Editorial: Signifer año 2008. Nos sorprenderá su lectura.
•     Un caso de corrupción por todos conocido. Judas Iscariote vendió a los romanos a su maestro Jesús por treinta monedas de plata.

•      Los políticos romanos no se andaban por las ramas a la hora de manipular las urnas a su favor. Cuando se estableció el voto escrito y secreto, apareció una variada gama de fraudes electorales. Se añadían votos para favorecer candidatos o se sobornaba al un funcionario electoral, para que multiplicara en las urnas el nombre de un candidato en detrimento de los demás. 
•      La apropiación indebida, era un clásico entre los delitos de guante blanco. Julio César protagonizó un ejemplo clarísimo. Dictó la ley anticorrupción más severa de la República, pero poco antes había mandado romper las puertas del Tesoro y se adueñó de las reservas del Estado.
•        La extorsión otra forma de corrupción y para muestra un botón, Craso, el compañero de Julio César y Pompeyo en el Primer Triunvirato, amasó una fortuna en parte gracias al único servicio privado de bomberos de Roma. Cuando se producía un incendio, un carro cargado con agua se presentaba ante el inmueble, acompañado de un agente de Craso, que solo ordenaba apagar el fuego si el propietario pagaba la altísima tarifa de este monopolio. La posterior reconstrucción del edificio solía implicar el traspaso de su titularidad al propio Craso.

    Y llegamos a la Edad Media (finales de la época romana hasta el Siglo XV). Con la llegada de la religión católica, robar pasó a ser un pecado, pero con la confesión quedabas perdonado espiritualmente, situación que desencadenó importantes abusos.  

•     En la Edad Media, surgen  los señores feudales. Los campesinos se buscaban la protección de un señor feudal trabajando sus tierras y a cambio el señor feudal  les ofrecía algo de su tierra para subsistir. Esta situación, fue el caldo de cultivo de prácticas vejatorias. Javier Sanz en su libro “Historias de la Historia” y de una forma muy amena, se adentra en el funcionamiento del tema de los impuestos en la Edad Media. Javier Sanz, nos ofrece una relación de algunos de los impuestos que gravaban a los pobres campesinos:

• Alfarda: Pago por el aprovechamiento del agua.
• Herbaje: Pago por aprovechamiento de los pastos.
• Montazgo: Impuesto sobre los ganados y adeudado por el tránsito que hacen por cualquier territorio en favor del Rey.
• Diezmo: Gravamen correspondiente a la décima parte de las cosechas que recaudaba la Iglesia y servía para el mantenimiento del clero.
• Alhondigaje: Impuesto por el depósito de mercancías.
• Abadía o luctuosa: Derecho que tenían los curas a percibir a la muerte de sus feligreses cierto tributo de sus bienes que dejaba.
• Alcabala: Impuesto castellano que gravaba el comercio de mercancías. Su recaudación se hacía por arrendamiento o por encabezamiento: Los municipios se comprometían a cobrar una cantidad recaudada entre sus vecinos y a cambio recibían contrapartidas políticas de los monarcas.
• Cuatropea: Impuesto sobre la venta de ganado.
• Banalidades: Pago en especie por el uso de instalaciones del señor, como el molino o el horno.
• Tercias reales: Eran un ingreso concedido por la Iglesia a la Corona consistente en dos novenos de los diezmos eclesiásticos recaudados .
• Terrazgo: Renta que se paga al señor de una tierra por quien la trabaja.
• Excusado: Implantado por Felipe II gravaba a una casa/hacienda elegida por la Corona entre las de una determinada parroquia normalmente, aquella que más tributaba a la Iglesia. La obligación consistía en que los diezmos que a dicha hacienda le correspondería ceder a la Iglesia eran pagados al rey, con lo cual el hacendado quedaba excusado de hacerlo a la Iglesia.
• Primicias: Consistentes en la cuadragésima y sexagésima parte de los primeros frutos de la tierra y el ganado que debían entregarse a la Iglesia.
• Portazgos: Impuesto que se exigía en las puertas de las ciudades y villas principales del reino y que gravaba las mercaderías que los forasteros introducían en ellas para su venta.
• Pontazgos: Similar al anterior, pero se paga al cruzar puentes.
• Sisas: Impuesto indirecto implantado en Aragón y luego en Castilla. Consistía en descontar en el momento de la compra una cantidad en el peso de ciertos productos (pan, carne, vino, harina), la diferencia entre el precio pagado y el de lo recibido era la “sisa”. Como gravaba bienes de primera necesidad era muy impopular.
• Millones: Impuesto extraordinario fijado por las Cortes de Castilla, que se reservaban el control de su administración a través de una Comisión de Millones y comprometían a la Corona a dedicar lo recaudado a un gasto determinado (el primero se concedió a Felipe II en 1590 para reponer las pérdidas de la Armada Invencible).
• Sextaferia: Prestación vecinal para la reparación de caminos, a la que se acude los viernes de ciertas épocas del año. Era un impuesto en forma de trabajo.
• Fonsadera: Para financiar los gastos de los reyes ocasionados por las guerras.
• Cena: Tributo que implica hospedar y alimentar al monarca, así como a todo su comitiva, durante los viajes por su reino. Cuando la Corte se asentó de forma estable en una ciudad pasó a ser pagado en dinero (cena de ausencia).
• Chapín de la reina o servicio de casamiento: Se recaudaba ocasionalmente entre el pueblo para sufragar los gastos de las bodas reales.
•  Almojarifazgo: Impuesto aduanero que se pagaba por el traslado de mercaderías que ingresaban o salían del reino de España o que transitaban entre los diversos puertos (peninsulares o americanos), equivalente a los actuales aranceles.
•  Infurción: Era un tributo que se pagaba al señor de un lugar por razón del solar de las casas. 

    Todos estos impuestos medievales, se aplicaban independientemente de la capacidad económica y gravaban la producción, el comercio o el consumo.

•  Sigamos con casos notorios de corrupción. Dante Alighieri, nacido  en Florencia el  29 de mayo de 1265, conocido por escribir la Divina Comedia, obra cumbre de la literatura universal.

     Dante sitúa a los corruptos en el infierno, pero el mismo fue declarado culpable de haber recibido dinero a cambio de la elección de los nuevos priores y de haber aceptado porcentajes dinerarios por la emisión de órdenes y licencias a funcionarios. Como consecuencia de estas prácticas fue condenado al exilio.

•     El rey de Francia  Felipe II, en el siglo XIII, comenzó a imponer importantes impuestos a sus súbditos, para engordar sus arcas privadas
•     Una de las familias más poderosas y adineradas del siglo XV fue la de los Borgia de procedencia valenciana. Su apellido  “Borja” cambió a la versión italiana “Borgia”, para facilitar su aceptación en el Vaticano.

Rodrigo Borgia, papa Alejandro VI, un gran corrupto de su época

    Rodrigo Borja logró, moviendo todo tipo de influencias políticas, amenazas, crímenes y actos de corrupción, convertirse en el papa Alejandro VI en el año 1492. Pocas personas a lo largo de la historia fueron capaces de concentrar tanta corrupción.

•     En el Siglo XVI Maquiavelo en su libro “Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio” puntualiza: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones".
•     El político y humanista ingles Tomás Moro que vivió en la Inglaterra de los Siglos XV y XVI y que estudió en la Universidad de Oxford, nos dejó un frase para la história: “Si el honor fuese rentable, todos serían honorables”.
•     Bernard Mandeville  filósofo, médico, economista político, nació en los Países Bajos, en el siglo XVII, pero vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra. Su obra más famosa es "La fábula de las abejas".

    De la citada fábula podemos destacar algunos párrafos como: “Un gobierno corrupto produce riqueza y ocasiones ventajosas para todos”. “El egoísmo y las pasiones que se derivan de la corrupción, constituyen el impulso del bienestar, mientras que las virtudes del hombre honesto inhiben por lo general el progreso civil”. “Una sociedad honesta está estancada, mientras que la corrupción genera una defensa incesante del estatus”.

•     El filósofo y jurista francés Montesquieu cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración en los Siglos XVI y XVII, definió al cardenal Richelieu  como “el peor ciudadano de Francia”. Richelieu fue uno de los hombres más ricos de su época. Legó un millón de libras al rey Luis XIII. Para sus gatos, dejó una casa y comida asegurada mediante una  asignación económica de 20 millones de libras, además de dos personas que se encargaran de sus cuidados. Los gatos fueron masacrados por la Guardia Suiza de palacio  a la muerte de Richelieu.

Cardenal Richelieu otro gran corrupto

    El Cardenal Richelieu, seguro que no amasó su inmensa fortuna con el sueldo de un cardenal al servicio de la corona.

•     Luis XIV de Francia en sus memorias reconocía: “No hay gobernador que no cometa alguna injusticia, soldado que no viva de modo disoluto, señor de tierras que no actúe como tirano. Incluso el más honrado de los oficiales se deja corromper, incapaz de ir a contracorriente”.

•     Maximilien Robespierre, nacido en 1758 y fallecido en Paris en 1794, fue abogado, escritor, orador y político apodado “el Incorruptible”. Fue considerado uno de los más destacados líderes de la Revolución francesa, pertenecía al Comité de Salvación Pública, entidad que gobernó Francia durante el periodo revolucionario conocido como el Terror.

    Entre 1793 y 1794, lideró el denominado "Reino del Terror", durante el cual gobernó Francia de forma autocrática, sumiendo al país en un período de persecuciones políticas, continuas ejecuciones por traición, sedición, conspiración, entre muchos otros crímenes. Robespierre firme, autoritario y decidido a purificar a Francia de cualquier opositor a la Revolución, llegó a justificar el uso de la pena de muerte a la que tanto se había opuesto en el pasado.

    Finalmente,  un cuerpo de soldados opuestos a sus políticas asaltaron el Ayuntamiento de París donde él y varios de sus colaboradores se encontraban.  Fue arrestado y guillotinado el 28 de julio de 1794.

    A su muerte, se desmanteló el régimen del Terror desapareciendo el gobierno revolucionario.

•     El régimen de Bonaparte siguió la estela de corrupción, Napoleón solía decir a sus ministros que les estaba permitido robar un poco, siempre que administrasen con eficiencia.

     A juicio de Napoleón el más corrupto de todos sus ministros era Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, más conocido como Talleyrand, nacido en París el 2 de febrero de 1754 y fallecido el 17 de mayo de 1838. Fue  sacerdote, político, diplomático y estadista, logrando desempeñar altos cargos políticos y dentro de la jerarquía de la Iglesia católica, durante el reinado de Luis XVI, posteriormente en la Revolución francesa, durante la era del Imperio Napoleónico y finalmente la etapa de la restauración monárquica, con el reinado de Luis Felipe I.

Talleyrand el gran corrupto de la época de Napoleón

    El emperador francés decía de él que era el hombre que más ha robado en el mundo. “Es un hombre de talento, pero el único modo de obtener algo de él es pagándolo”.

•     Alexis Henri Charles de Clérel, vizconde de Tocqueville nacido en 1805 y fallecido en 1859, fue un gran pensador, jurista, político e historiador francés, precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo.  Alexis de Tocqueville mantenía la siguiente teoría: “En los gobiernos aristocráticos, los hombres que acceden a los asuntos públicos son ricos y sólo anhelan el poder, mientras que en las democracias los hombres de Estado son pobres y tienen que hacer su fortuna”. Vamos como en pleno Siglo XXI.

    Llegamos al Siglo XX y llegan los totalitarismos y con ellos aumentan las prácticas corruptas de los gobernantes. En los gobiernos fascistas y comunistas la corrupción entra a formar parte del funcionamiento del Estado.

•     De la corrupción no se libraban los estados democráticos. Winston Churchill dijo que “un mínimo de corrupción sirve como  lubricante benéfico para el funcionamiento de la máquina de la democracia”.
•     En pleno Siglo XX con la consolidación del Estado de derecho, la corrupción debería estar bajo control, mal vista y reprobada socialmente. A este respecto traemos a estas páginas unas palabras del expresidente francés François Mitterrand:  “Es cierto, Richelieu, Mazarino y Talleyrand se apoderaron del botín. Pero, hoy en día, ¿quién se acuerda de ello?”

    Muchos estudiosos del tema han llegado a la conclusión de que la corrupción es un mal necesario.

•     El escritor italiano, Carlo Alberto Brioschi en su libro “Breve historia de la corrupción”, manifiesta: “Es un fenómeno inextirpable porque respeta de forma rigurosa la ley de la reciprocidad. Según la lógica del intercambio, a cada favor corresponde un regalo interesado. Nadie puede impedir al partido en el poder que se cree una clientela de grandes electores que le ayuden en la gestión de los aparatos estatales y que disfruten de estos privilegios”.

    Otra de su célebres frases “al lado del robo de los grandes siempre hay una corrupción inconsciente, de la que acabamos siendo todos responsables si aceptamos las reglas de un sistema ilegal, porque la microcorrupción siempre ha ido de la mano de la macrocorrucción”.

•     El catedrático de ciencias políticas Julián Santamaría Ossorio matiza sobre la corrupción:   “El electorado haría bien en entender que la corrupción es una lacra de todos los tiempos, que se refiere a la naturaleza humana. Se da en todos los países y en todas las épocas”.

•     El Profesor Emérito de Economía y Etica Antonio Argandoña Rámiz, al hablar sobre corrupción entiende que los ciudadanos tienen una doble moral. No nos preocupa la corrupción siempre que no me perjudique a nivel personal. Si un político roba, decimos que no hay derecho. Pero luego presumimos de haber evadido algún impuesto.

    Existen países como los escandinavos con poca corrupción, en cierto modo puede ser debido  a la influencia de la ética luterana, que al contrario de la religión católica no prevé la confesión de los pecados para lograr la absolución.  Los ciudadanos escandinavos se consideran  iguales y no toleran que alguien saque ventajas de forma ilegal, y no dudan en denunciar prácticas ilegales.  

•     En este recorrido por la corrupción en Europa, queremos terminar con una célebre frase recogida por Cervantes en su obra maestra “El Quijote”. Exclama Sancho Panza: “Yéndome desnudo, como me estoy yendo, está claro que he gobernado como un ángel”.

   Realizado un breve recorrido por la corrupción en Europa, llega el momento de centrarnos en algunos de los personajes más corruptos en la historia de España.

•     Empezaremos nuestra historia en tiempos del Emperador del Sacro Imperio  Maximiliano I de Habsburgo a finales del Siglo XV y comienzos del siglo XVI. Su influencia era tal, que el propio Maximiliano  compró los votos de cinco de los siete príncipes electores para que eligiesen a su nieto Carlos como sucesor del Sacro Imperio. El dinero para la compra de los votos salió de los préstamos realizados por los Fugger financieros alemanes, también conocidos por los Fucar.

     La familia de los Fucar, que llegaron a tener residencia en  Madrid, fueron los banqueros no solo de Maxililiano sino también de su nieto Carlos I.

     En el portal número 101 de la calle de Atocha de Madrid, podemos contemplar una placa que nos recuerda que en esta zona vivió la familia de los “Fucares”. Recordaremos brevemente algunos datos de esta prestigiosa familia.

    La familia de los  Fugger o Fúcares como también se les conoce fueron una familia de empresarios y financieros alemanes descendientes de campesinos de la región de Suabia, instalándose en el año 1409 en Augsburgo dedicándose  a la fabricación y el comercio de tejidos. Su fama y el  progreso de sus negocios convirtieron a esta familia en uno de los mayores grupos empresariales de los siglos XV,  XVI y XVII.

    A principios del siglo XVI, los Fúcar eran propietarios de una  compañía dedicada a la minería, controlando el plomo, la plata, el cobre y el alumbre (piedras de aluminio y potásio), tenían negocios inmobiliarios, dedicándose también al comercio de gemas, paños, especias y sal.

    La familia de los Fucar, financiaron los viajes en la época de los descubrimientos, a españoles y  portugueses.

    Con Jacobo II el Rico en la dirección del clan familiar en la segunda mitad del Siglo XV y principios del XVI, la familia  constituyó una casa de banca que se extendió por toda Europa.

    Los Fucar disponían de propiedades en Madrid, donde vivieron en los siglos XVI y XVII. Tenían una casa en la actual calle de los Fucar esquina con la calle de Atocha. Asimismo, eran propietarios de los denominados Jardines de los Fucar, en la zona comprendida por las calles: Alameda, Verónica y Prado de Atocha (actual Paseo del Prado).

    En nuestro recorrido analizando la corrupción en España, damos un pequeño salto en el tiempo y nos plantamos en la época del reinado de Felipe III en los Siglos XVI y XVII.

•     Felipe III fue proclamado rey el mismo día de la muerte de su padre Felipe II, el 13 de septiembre de 1598. Con el inicio del reinado de Felipe III, comenzó la decadencia del gran imperio de los Austrias. Felipe III, incapaz de gobernar España como lo habían hecho su padre y su abuelo, dejó el gobierno en manos del válido (en la actualidad Primer Ministro o Presidente), Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, que era el responsable de su caballeriza y a pesar de ser un personaje bastante inculto, llego a convertirse en el hombre más poderoso de la época.

El Duque de Lerma, el gran corrupto del reinado de Felipe III

•    Francisco Gómez de Sandoval-Rojas y Borja, I duque de Lerma entre otros títulos nobiliarios fue primer ministro y valido de Felipe III. Su abuelo materno fue Francisco de Borja (San Francisco de Borja).

    Fue el hombre más poderoso del reinado de Felipe III. Se hizo inmensamente rico a costa de saber manejar el tráfico de influencias, la corrupción y la venta de cargos públicos.  A través de la historia, podemos comprobar que la corrupción es innata en el ser humano ya sea en el Siglo XVII o en pleno Siglo XXI.

    El duque de Lerma fue un autentico mecenas en la ciudad de Lerma, donde empleó gran parte de su fortuna en engrandecerla y embellecerla contratando a los más sobresalientes arquitectos de la época y utilizando los mejores materiales.

    Nacido en Tordesillas, en el año 1601, convenció al Rey para que trasladara la corte de Madrid a Valladolid. El Duque ya se había encargado de adquirir terrenos y algún que otro palacio en Valladolid para después venderlos a la Corona. Siendo  en el hombre más rico del Imperio español, Francisco de Sandoval y Rojas volvió a convencer a Felipe III para volver con la corte a Madrid en el año 1607, repitiendo la operación urbanística con la compra de palacios y viviendas en Madrid a precios muy bajos.

    Algunas de estas propiedades, como la llamada Huerta de la Ribera, se la vendió años después al rey, poco tiempo antes del regreso de la corte a Madrid.

    Como muestra de su enorme patrimonio se construyó un palacio al final de la calle Mayor (Palacio de Uceda) en la actualidad Capitanía General del Ejército. El Palacio superaba en dimensiones al Alcazar vivienda habitual de los reyes.

    La reina Margarita, esposa de Felipe III, que no era partidaria de los abusos e influencia del duque de Lerma, creó una comisión de investigación (vamos como en la actualidad) que fue descubriendo el entramado de corrupción e irregularidades y empezaron a caer culpables. En esta situación, el duque para salvar su vida, solicita de Roma el “capelo cardenalicio” que se le concede en 1618, al mismo tiempo que el rey le da permiso para retirarse a sus propiedades de la ciudad de Lerma. Murió en Valladolid en 1625, retirado de la vida pública.

    Cuando le fue concedido el cardenalato corrió por Madrid una clopilla que decía: "Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España, se viste de colorado".


•     Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda, hijo del Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, I duque de Lerma, y de Catalina de la Cerda Camarera mayor de la reina Margarita de Austria, sucedió a su padre como válido de Felipe III.

    Poco a poco se hizo un hueco en la corte donde logró la confianza de rey, con el objetivo de suplantar en el cargo a su propio padre. Para ello no tuvo escrúpulos en  unirse a los enemigos del duque de  Lerma, como Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares.

    El Ducado de Uceda, es un título nobiliario creado el 16 de Mayo de 1610, por Felipe III, a favor de Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda.

    Cristóbal, había comprado pocos años antes de ser nombrado duque, la villa alcarreña de Uceda, convirtiéndola en el centro de sus posesiones.

    El duque de Uceda, al final consiguió los cargos de su padre con el favor de Felipe III. En 1621, con la subida al trono de Felipe IV, fue procesado a instancias de su anteriormente aliado el conde-duque de Olivares y fue desterrado de la corte. Permaneció incomunicado en el castillo de Torrejón de Velasco y se le impuso una  multa de 20.000 ducados por las apropiaciones indebidas.

•     Damos un salto en el tiempo y nos vamos hasta el Siglo XIX. La reina regente María Cristina de Borbón participó en negocios de dudosa legalidad provocando el rechazo tanto de los políticos como del pueblo llano.

    Participó en los negocios de la sal, en los primeros ferrocarriles  y en la trata de esclavos, mano a mano con Narváez.  Su fortuna se estimaba en 300 millones de reales.

    Para el transporte de las mercancías, sal y esclavos, María Cristina no dudaba en utilizar barcos que se financiaban con dinero público. Cuando el escandalo se destapó, la regente fue expulsada de España en el año 1854. Regresó a España durante el  reinado de Alfonso XII, pero no se le permitió vivir en España de forma permanente.

•     En los comienzos del Siglo XX, surge un nuevo personaje por todos conocido, Joan March Ordinas.

     Nació el 4 de octubre de 1880 en Santa Margarita en la isla de Mallorca. Sus padres eran campesinos, pero él se inició desde joven en negocios de compra-venta de productos agropecuarios, productos industriales y negocio de compra de terrenos de la vieja aristocracia. Participó en el contrabando, adquiriendo productos en África y Gibraltar y vendiéndolos posteriormente especialmente en la zona de levante.

    Fundó el Monopolio de Tabacos de Marruecos invirtiendo en los negocios del sector petrolero y naviero.

    Durante la I Guerra Mundial suministró equipos bélicos a los aliados. El Ministro de Hacienda Francesc Cambó  durante el reinado de Alfonso XIII lo denominó "el último pirata del Mediterráneo".En el año 1926, fundó  una casa de banca que posteriormente se llamaría  Banca March. Fue diputado durante la II República y miembro de la comisión de garantías constitucionales.  Manuel Azaña en una de sus célebres frases afirmaba que "o la República somete a March o March someterá a la República".

     Juan March  fue considerado uno de los hombres con más poder hasta su muerte en el año 1964. Aparte del poder disponía de una de las mayores fortunas del mundo. Fortuna conseguida gracias a negocios irregulares como  el tráfico de tabaco y de armas, sobornando a ministros y policías.

    Durante la II Guerra Mundial, era considerado por los nazis como un buen aliado y  un auténtico enemigo de los británicos. Los británicos, pensaban que era un auténtico antinazi y anticomunista.

Joan March, el gran corrupto español del Siglo XX

     Joan March fue encarcelado en 1932 en la cárcel Modelo de Madrid. Desde el interior de la prisión compró los periódicos Madrid Luz, El Sol y La Voz, afines a Manuel Azaña  presidente del Consejo de Ministros y presidente de la Segunda República, para criticar al jefe de gobierno de la República. En 1933, estando preso en Alcalá de Henares, logró fugarse con bastante facilidad, gracias a las ayudas del interior de la carcel. Se comenta que el guardia que lo vigilaba hizo de chofer para trasladarlo a Gibraltar.

    Desde Biarritz, apoyó la conspiración militar que se estaba fraguando en el verano de 1936 contra la II República. Puso en manos de los militares un aval económico, que permitió la compra del avión que trasladó al general Franco de Canarias a Marruecos. Se calcula que  March puso a disposición de los sublevados unos 600 millones de pesetas.

    Durante la dictadura continuó con sus diversos negocios tanto en España como en el extranjero, residiendo especialmente en Ginebra y Lisboa.

     En 1955, creó la  Fundación March para promover la ciencia y la cultura, y que dotó para su comienzo con 300 millones de pesetas. La Fundación  cuenta con colecciones de escultura y pintura, institutos de investigación, bibliotecas y convoca premios y becas para la investigación.

     Juan March, falleció en Febrero de 1962 como consecuencia de las heridas sufridas en accidente de automóvil.

•     La segunda República no se libró de la corrupción. En 1933, el abogado y escritor Joaquin del Moral, publicó el libro “Oligarquía y enchufismo” donde aportaba las sumas acumuladas por los partidos minoritarios que conformaban el Gobierno, (PRR, PSOE, PRS, AR y ERC) en conjunto se repartían 24 millones de pesetas anuales.

   En esta época se incrementaron sustancialmente los coches oficiales llegando a 11.295.000 pesetas, en los presupuestos aprobados el 28 de diciembre de 1932. A la llegada de los repúblicanos al poder, había en Madrid 58 coches oficiales llegando en 1932 hasta los 741, con una plantilla de 760 conductores.

     El gasto en gasolina para este parque suponía la nada despreciable cantidad  de 3.000 litros diarios.

    El periodista de ABC Julio Camba, en su libro "Haciendo de República" y editado por Espasa Calpe dejó el siguiente pensamiento:

“Una cosa es tener automóvil cuando se es, por ejemplo, ministro, y otra cosa es hacerse ministro para tener un automóvil. El automóvil de los ministros no puede ni debe ser nada más que un instrumento de trabajo y, si en rigor, es admisible el que, dentro de un régimen cualquiera, se haga ministro a un señor cuyo programa político se reduce a pasear a la familia dentro del coche oficial, la cosa en cambio, resulta inadmisible de todo punto cuando para hacer ministro al señor en cuestión ha habido necesidad de transformar por completo los fundamentos del Estado. Está muy bien, en fin, que los servicios públicos se retribuyan con holgura, pero, si se hace una revolución para encargarse de los servicios públicos y luego resulta que al encargarse de estos servicios públicos no se perseguía otra finalidad más que la de retribuirlos con holgura, la cosa varía."

•    Durante la II Republica, surgió el escándalo del estraperlo (estraperlo se usaba en España para referirse al comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado).

     Este escándalo salió a la luz pública a raíz de la denuncia que presentó Daniel Strauss al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora en la que exigía una indemnización por los gastos de instalación del juego conocido popularmente como “estraperlo” en los casinos de San Sebastián. Denunciaba los sobornos que había pagado a políticos del Partido Republicano Radical y a familiares y amigos de su líder Alejandro Lerroux. Como consecuencia de este escandalo, Alejandro Lerroux abandonó el gobierno.

     Ante el embargo de armas, el gobierno republicano, desvió de forma irregular enormes sumas de dinero, para la compra de armas y otros suministros bélicos.

     La Comisión de Compras de París y la CAMPSA Gentibus, se vieron envueltos en uno de los mayores casos de corrupción por la compra de armas. El propio Indalecio Prieto y Juan Negrín habrián estado implicados en la trama de corrupción.

Viñeta de Indalecio Prieto en el Congreso

Negrin

    Campsa-Gentibus fue una empresa creada por el Gobierno Republicano durante la Guerra Civil  como una subsidiaria de CAMPSA, su objeto principal era comprar y vender toda clase de artículos alimenticios, materias primas y artículos de manufactura indispensables en aquellos momentos.

    Sinesio Baudilio García Fernández, conocido por  el seudónimo de “Diego Abad de Santillán”, fue un destacado escritor y militante anarquista. Entre otros cargos fue Consejero de la Generalidad de Cataluña de Economía entre los años 1936–1937.

    Uno de sus libros más destacados fue: “Por qué perdimos la guerra”. Diego Abad de      Santillana escribía: "Si el Gobierno Negrín hubiese tenido que responder de su gestión política, económica y financiera habría tenido que terminar ante el pelotón de fusilamiento".

    El propio Francisco Largo Caballero destacado sindicalista y político marxista y dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, criticó abiertamente a Negrin por la ocultación de datos de su gestión. Largo Caballero nos dejo algunas frases como: “Desgraciado país, que se ve gobernado por quienes carecen de toda clase de escrúpulos”.

    Y llegó el franquismo y  la corrupción campó a sus anchas, pero la mayoría de las ocasiones no salió  a la luz pública. Pese al ocultamiento, algunas corruptelas salieron a la luz pública.

     En los años posteriores a la Guerra Civil, España sufrió un hundimiento de la producción agrícola e industrial, adquiriendo una gran importancia el mercado negro, comúnmente llamado estraperlo.

•     Uno de los casos más sonados de los beneficios del estraperlo (para determinados personajes) lo tenemos en el Ministro de Comercio Manuel Arburua, que partiendo de la nada se convirtió en multimillonario.

     Arburúa fue uno de los artífices de la autarquía económica que se inició tras la Guerra Civil española y terminó con el Plan de Estabilización en el año 1959. Durante los años 1951 y 1957 ocupo los cargos de Subsecretario de Comercio y ministro del mismo departamento, posteriormente fue nombrado procurador por Franco hasta el año 1975. Asimismo, fue presidente del Banco Exterior de España.

    Cronológicamente y de forma resumida traemos a estas páginas algunos casos de corrupción.

•      El denominado “Caso Barcelona Traction”  fue un litigio internacional que tuvo lugar entre la compañía Barcelona Traction, con domicilio social en Toronto y el gobierno español.

     Se trató de un plan  político para agradecer a  Juan March Ordinas su aportación a la causa de los sublevados. En definitiva se trataba de apoderarse de Barcelona Traction, conocida como La Canadiense. Como consecuencia de la demanda presentada por algunos accionistas en 1948 contra la  Canadiense, esta entró en quiebra, circunstancia que aprovecho Juan March para adquirir los activos de la Canadiense  por una ínfima fracción de su valor real.

     Este caso llegó a  la Corte Internacional de La Haya, cerrándose en favor del Estado español en el año 1970. March fue considerado por la prensa extranjera como uno de los mayores contrabandistas del país.

     Uno de los “deportes” favoritos en la España de la dictadura consistía en la evasión de capitales a los grandes bancos europeos. Se calcula en más de 70.000 millones de pesetas en la banca suiza.

• En el año 1958, es detenido el intermediario  George Laurent Rivara con los nombres de sus clientes españoles y el montante de sus operaciones.

      La operación se denominó “caso Rivara”. No obstante, la fuga de capitales continuó en años posteriores.

   Según el diario Der Spiegel en publicación del año 1976 afirma que grupos internacionales de delincuentes y banqueros participaban  en el negocio de la evasión de capitales españoles, con destino principalmente a bancos suizos. Sociedades  financieras como Codellis, S.A.; o Mirellis, se encargaban de sacar el dinero clandestinamente, cobrando suculentas comisiones.

• Manufacturas Metálicas Madrileñas, surgió en los años 50 en la zona de Villaverde  sobre una parcela de 100.000 metros cuadrados. Con una inversión inicial de 750 millones de pesetas se montaron  talleres de fundición y laminación de acero.

     La Empresa entro en quiebra  por mala gestión de uno de sus directivos y principal accionista, nada más y nada menos que el hermano del Caudillo, Nicolás Franco. El gobierno evitó el proceso judicial resolviendose el tema de puertas para adentro para no dañar la imagen de la Dictadura.

      A finales de los 60, José María Aristráin compró la instalación y pese al fallecimiento de Aristráin en  1985 a consecuencia de un accidente de helicóptero, la planta continuó funcionando con continuos cambios de propietarios, primero Aceralia y posteriormente Arcelor Mittal, que mantuvo su actividad hasta que en 2012 se cerró la instalación icono de Villaverde.

• Otro de los casos más sonados de corrupción durante el franquismo fue el “Caso Matesa”.

       La Empresa Maquinaria Textil del Norte S.A. se fundó en el año 1956 por el empresario Juan Vilá Reyes. La empresa familiar, adquirió un año después la patente francesa Ancet-Fayolle de un telar sin lanzadera, capaz de tejer cualquier clase de material, desde papel hasta fibra de vidrio.

Recorte de prensa sobre el Caso Matesa

    Pronto,  la empresa familiar, comenzó su expansión internacional con la venta de patentes propias, se calcula que Matesa desarrolló más de 100 patentes.

       Su fundador Juan Vilá Reyes nacido en Barcelona en el año 1925, siempre apostó  por la investigación y la innovación tecnológica, viajando por  el extranjero para conocer los últimos avances industriales. Norteamérica, América del Sur, Inglaterra, Alemania, Suiza o  Portugal, fueron clientes principales de Matesa. En abril de 1969 se concede a Matesa la Carta de Exportador a titulo individual de primera categoría, beneficiandose de créditos oficiales.

      En visita llevada a cabo por el Ministro argentino de Industria se constató que Matesa sólo había vendido 120 de los 1.500 telares que se habían enviado a Argentina sin comprador y con el fin de cobrar los créditos a la exportación a través del Banco de Crédito Industrial. Todo ello fue posible por la manipulación de documentos, sacando del España grandes cantidades de dinero.

     Matesa fue denunciada por el director general de Aduanas Víctor Castro Sanmartín,  ante el Tribunal de delitos monetarios.

       Se calcula que Maquinaria Textil del Norte de España, S.A. tenía una deuda  de más de 10.000 millones de pesetas con el Banco de Crédito Industrial, abriendo una profunda crisis en el gobierno de Franco.

      La comisión de investigación de las Cortes elaboró un informe con condenas muy duras para tres ex-ministros involucrados en la estafa, para Juan Vilá Reyes y varios de sus directivos. 

Juan Vila Reyes

   

      El Tribunal Especial de Delitos Monetarios impuso una multa de  21 millones  de pesetas por  un delito de evasión probada de más de 100 millones de pesetas.

      Asimismo, el Tribual Especial de Delitos Monetarios impuso una multa de 1658 millones y tres años de prisión a Juan Vilá Reyes  en  1970.

      En septiembre de 1971, Franco concede el indulto a Juan Vilá Reyes evitando pagar la multa y reduciendo la condena a la cuarta parte.

     Mas tarde, en mayo de 1975 la Audiencia Provincial de Madrid  condenó a Vilá Reyes por dos delitos de estafa por  importes de 8933 y 590 millones de pesetas respectivamente. La Audiencia Provincial de Madrid, le  impuso una pena de más de 223 años de prisión y 9600 millones de pesetas de indemnizaciones o multas.

      La condena  confirmada por el Tribunal Supremo en  1976, no tuvo efectos, ya que Vilá Reyes fue indultado  por el rey Juan Carlos I, saliendo de la cárcel en diciembre de 1975, tras haber pasado en prisión preventiva mas de seis años.​

      Como resumen del caso Matesa, los ex ministros, así como los accionistas y directivos involucrados fueron indultados por Franco. El Banco de Crédito Industrial acabó cerrando. Matesa fue vendida a una sociedad laboral de ex empleados que curiosamente nombró director general a Juan Vilá Reyes.

      Juan Vilá Reyes falleció en Barcelona el 18 de Enero de 2007. Como curiosidad y para los amantes del futbol, Vilá Reyes fue presidente del Real Club Deportivo Español entre los años 1967 y 1969.

• En el año 1962 con un capital inicial de 15 millones de pesetas se creó el Grupo Sofico (Sociedad Financiera Internacional de Construcciones) con el objeto de construir, vender y alquilar apartamentos en la Costa del Sol. Como principal impulsor de la Sociedad se encontraba el almeriense Eugenio Peydró Salmerón un emprendedor nacido en el año 1906.

    Será en 1965, cuando al Grupo Sofico se sumen dos sociedades más:  Sofico Vacaciones y Sofico Atlas.

     En los comienzos del Grupo los apartamentos que se vendían se encontraban ya construidos, pero posteriormente, la venta se ejecutaba sobre planos, llegando a cobrar el total del importe a los futuros propietarios, de esta forma  la financiación de los apartamentos corría a cargo de los propietarios.

        El negocio del Grupo Sofico, empezó a convertirse en una gran bola de nieve con una campaña de publicidad que garantizaba el 12 % de rentabilidad neta. Pero la realidad es que Sofico no recaudaba lo suficiente  para abonar los intereses prometidos a los inversores.

      Y la bola siguió creciendo, Sofico abrió filiales en el extranjero: Sofico France, Sofico Great Britain, Sofico Deutschland y Sofico USA. Los gastos y el déficit, continuaron aumentando.

    En el año 1969, se crea Sofico Renta para captar a pequeños ahorradores con participaciones de 25.000 pesetas. No obstante, la alta rentabilidad prometida por Sofico impedía la viabilidad económica del Grupo.

       En 1969, el Ministerio de Información y Turismo otorgó a  Sofico la Medalla de Plata al Mérito Turístico.

Públicidad de Sofico en las cajas de cerillas.

       El 13 de diciembre de 1974 estalla el “caso Sofico”, cuya quiebra constituyó uno de los grandes escándalos del franquismo, en el que se vieron involucrados entre otros, ministros, militares y otros altos cargos.

      Sofico, suspendió pagos dejando en la cuneta a más de  4.000 empleados y 25.000 inversores.

      Ante la denuncia presentada, se nombraron dos jueces, uno penal y otro civil  para acometer  el proceso, decretándose la prisión incondicional de sus dos máximos responsables, Eugenio Peydró  Salmerón y su hijo, aunque pocos meses después fueron liberados.

       En 1987 el juicio quedó listo para sentencia, fueron absueltos  todos los altos cargos del régimen franquista cuyo procesamiento no fue autorizado por el Tribunal Supremo.

       Eugenio Peydró Salmerón fue considerado el único responsable, siendo condenado a nueve años de prisión, al hijo de Peydró se le condenó como cómplice, a dos años y cuatro meses y ambos al pago de unos 5.000 millones de pesetas de indemnizaciones.

      Ambos condenados recurrieron, no ingresaron en la cárcel y no pagaron la multa. El juicio de apelación, fue suspendido tres veces por la salud de Peydró.

        En mayo de 1991, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional declarando como únicos responsables a Eugenio Peydró Salmerón (fallecido el 30 de Octubre de 1987) y a su hijo. Sofico dejó una deuda superior a los 8000 millones de pesetas y miles de personas estafadas.

     Hemos reseñado casos de corrupción durante el franquismo, casos sobradamente conocidos por su trascendencia política, pero como todos nos podemos imaginar, el franquismo (presuntamente) fue una máquina de corrupción.

   Con la muerte de Franco, el régimen se derrumbó y llegó la tan deseada democracia. Pero la corrupción innata en el ser humano no desapareció, la malversación de fondos públicos, la prevaricación y el cohecho delictivo, siguieron campando a sus anchas.

      En el año 2009,  el Juez Cándido Conde-Pumpido comunicó que  existían 730 procesos judiciales ligados a causas de corrupción. Posteriormente en el año  2012 se contabilizaban más de 800 políticos y gestores públicos implicados en casos de corrupción. Los casos de corrupción implicaban en mayor o menor medida a todos los partidos tradicionales, destacando especialmente la implicación del PSOE y PP.

     Resumidamente y de forma cronológica, reseñamos algunos de los casos más notables de corrupción y de dominio público en periodo democrático.

• En el año 1981, queda al descubierto el llamado “Caso Flick” sobre financiación ilegal de los partidos políticos. El multimillonario alemán de tendencia ultraderechista Friedrich Karl Flick, destinó donaciones  por valor de un millón de marcos para financiar al Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González.

     El líder socialista español  fue absuelto por el Congreso de los Diputados por la donación económica recibida debido a que por esas fechas no era ilegal en España recibir donaciones extranjeras. La Ley cambió en el año 1982, cuando  se prohibió a los partidos españoles recibir donaciones del extranjero.

• En el año 1982, Banca Catalana entró en crisis por un bulo que anunciaba la suspensión de pagos, provocando la salida del 38% de los depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas.

     Por aquellas fechas, la presidencia de la Generalitat de Cataluña recaía  en Jordi Pujol que asimismo era directivo de Banca Catalana. Pese a los intentos por solucionar el grave problema, no fue posible especialmente por las implicaciones políticas del caso.

      El Banco de España nombró tres administradores y en el año 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con el 89% de las acciones de Banca Catalana. El resto de acciones recayó en el Banco Industrial del Mediterráneo, en el Banco de Barcelona y en el Banco Industrial de Cataluña.

    En mayo de 1984, Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General el Estado por apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas. Convergencia Democrática de Catalunya se vio implicada en el caso. En marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito. 

• En Febrero del año 1984, sale a la luz pública el Caso Bardellino. El mafioso de la Camorra napolitana, Antonio Bardellino (Tonino), es puesto en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas por el juez de la Audiencia Nacional Ricardo Varón Cobos y el magistrado Jaime Rodríguez Hermida, pese a la petición de extradición del Gobierno italiano.

     El mafioso sale de España ante la indignación de la justicia italiana y la propia prensa. De las investigaciones llevadas a cabo, se desprende que la esposa  de “Tonino” Rita de Vita pagó 10 millones de pesetas  a la prostituta Josefa Suárez Peral (amiga sentimental del juez) para que convenciera a Rodríguez Hermida para poner en libertad a “Tonino”.

     La Sala Segunda del Tribunal Supremo juzgó a  Varón Cobos y a Rodríguez Hermida por prevaricación. La sentencia dictada el 5 de mayo de 1986, absuelve a ambos por estimar que la puesta en libertad del camorrista fue perfectamente legal.

      El Consejo General del Poder Judicial  en Mayo de 1986 expulsó a los dos jueces de la carrera. Posteriormente el pleno del Tribunal Supremo acordó por 38 votos contra 16, readmitir en la carrera judicial al magistrado Ricardo Varón Cobos, manteniendo la expulsión de Jaime Rodríguez Hermida, 

• Entre los años 1987 y 1993 saltó  a la opinión pública el “Caso Fondos Reservados”.

     Durante esos años, se desviaron partidas presupuestarias para destinarlas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por un valor estimado de 5 millones de euros. Parte de estas cantidades se destinaron  para uso privado, pago de sobresueldos a funcionarios del Ministerio del Interior y enriquecimiento personal.

    Las personas involucradas fueron: Los ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera,  el director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, el secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, el jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez, el director general de la Policía José María Rodríguez Colorado y el  gobernador civil de Vizcaya Iñaki López.

     El juez instructor Francisco Vieira, acusó por el delito de malversación de dinero público a las personas implicadas dictando las siguientes sentencias: Rafael Vera y  José María Rodríguez Colorado condenados a seis años de prisión,  Julián Sancristóbal a cuatro de prisión, Francisco Álvarez a once meses de prisión y  Juan Ignacio López Rodríguez a diez meses de cárcel.

     Fueron absueltos José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

    Se estima que se desviaron para enriquecimiento personal de algunos implicados y pago a subordinados la cantidad de más de 660 millones de pesetas.

• El llamado caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de un conjunto de empresas  (Filesa, Malesa y Time-Export) con el  fin de financiar de forma ilegal al Partido Socialista Obrero Español, para compensar los gastos de las campañas electorales.

        La trama consistía en inflar los contratos públicos, para desviar las correspondientes comisiones al PSOE.

      En el año 1989, el magistrado de Tribunal Supremo Mariano Barbero investigó el posible caso de corrupción por delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, malversación de fondos públicos, apropiación indebida,  delito monetario y tráfico de influencias.

         Barbero llegó a imputar a 50 personas. La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997 con 12 sentencias por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida. Ocho personas ingresaron en prisión y cuatro quedaron absueltas.

     El dinero estafado se estimó en más de 1.200 millones de pesetas, equivalente a más de  7 millones de euros actuales.

• En 1988, salió a la luz pública el Caso AVE, por presunta financiación ilegal del PSOE mediante el cobro de comisiones ilegales de las obras del AVE Madrid-Sevilla.

      En el año 1994, la Jueza Instructora  María Teresa Chacón comenzó la instrucción del caso contra 13 imputados. Cinco imputados fueron condenados a un año de prisión y la multa correspondiente. El resto de imputados fueron absueltos.

       El dinero estafado superó los  623 millones de pesetas. 

• En el año 1988 surge el Caso SEAT, consistente en el posible caso de corrupción por el pago de 150 millones de pesetas al PSOE por parte de algunos directivos de SEAT, a cambio de la recalificación de terrenos de la empresa.

    Los 150 millones de pesetas fueron entregados a Guido Brunner, que había sido embajador alemán en España, pero el dinero terminó en manos de la ex-coordinadora de finanzas del PSOE.

      Será en el año  1993 cuando El periódico el Mundo descubra el pago de un talón de 901.518 euros y de 150.253 euros en metálico por parte de SEAT para conseguir la recalificación de los terrenos de esta empresa  en el Paseo de la Castellana.

     En 2009 el Tribunal Supremo absolvió a los siete imputados  porque el caso había prescrito.

• Uno de los casos más sonados de corrupción fue el llamado “Caso Juan Guerra”. Hermano de Alfonso Guerra y que desempeñaba funciones de asistente  con despacho oficial.

      Juan Guerra fue acusado por su ex-mujer de cometer un delito de fraude fiscal en el año 1990, entregando los papeles delatadores a la oposición que demostraban los negocios sucios cometidos por Juan Guerra, asuntos urbanísticos y tráfico de influencias.

        La denuncia ante la justicia la presento el Alcalde de Barbate, Serafín Núñez.

      El Juez Instructor  Ángel Márquez dictó sentencia condenatoria de un año de cárcel pero al no tener antecedentes solo tuvo que pagar las multas correspondientes.  El dinero estafado se estimó en  253.637 euros.

• En el año 1990, saltó el escándalo “Osakidetza” (Servicio Vasco de Salud) consistente en el fraude de las oposiciones cuyo objetivo era beneficiar a personas afines al PSOE y a UGT.

     El presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Pablo Ruiz de Gordejuela en su dictamen describe: "Dado el volumen y naturaleza de las manipulaciones, su materialización obedece a una conspiración que requirió la existencia de una trama organizada".   "La comisión no puede descartar que el citado grupo de poder estuviera respaldado por órganos políticos superiores".

     El dictamen provisional concluye que la máxima responsabilidad política del conjunto de irregularidades recae sobre el director general del Servicio Vasco de Salud, el socialista Mario González y que fue condenado a seis años y seis meses de cárcel.

   En el informe se describe la existencia de un fraude  en 581 exámenes, con  363 opositores involucrados.

• En el año 1992, surge el Caso BFP, delito de estafa cometido a través de una red de pagarés falsos de la empresa BFP, por un valor de  4.000 millones de pesetas.

      El escándalo alcanzó a  Jordi Planasdemunt, un alto cargo de CiU y a un buen número de empresarios catalanes.

      El juez instructor fue  Lluís Pascual Estivill, que más tarde se vería inmerso en una serie de escándalos.

     Entre las personas condenadas destaca  Jordi Planasdemunt, condenado a siete años de prisión.

• Y  seguimos avanzando en los casos de corrupción en la democracia con el llamado “Caso Estevill”.

    Luis Pascual  Estevill, Juez y Vocal del Consejo General del Poder Judicial, era el cabecilla de una trama de corrupción judicial, siendo condenado por los delitos de cohecho y prevaricación continuada y detención ilegal de empresarios.

      Pascual Estevill en la década de los 90 se dedicaba a extorsionar a empresarios siempre en connivencia con el abogado Joan Piqué Vidal que defendía a los empresarios para evitar su entrada en prisión. Los empresarios quedaban libres tras abonar las correspondientes cantidades económicas tanto al Juez como al abogado.

     Joan Piqué Vidal, fue abogado del ex presidente de la Generalidad  de Cataluña Jordi Pujol en el caso de Banca Catalana.

El Juez Luis Pascual Estevill

     Jordi Pujol negó sus responsabilidades políticas en el caso Estevill, pero la trama se llevó por delante a Maciá Alavedra consejero del Gobierno Catalán.

    Luis Pascual Estevill se convirtió en un asiduo de los juzgados, asi en 1996 fue condenado a seis años en inhabilitación como juez por prevaricación continuada. Condena de siete años por delito fiscal en Enero de 1999.

      En 2005, el Tribunal Supremo condena a  nueve años y cuatro meses de cárcel, cuatro meses de inhabilitación y una multa de 1.803.036,31 euros por los delitos de cohecho, extorsión, prevaricación y detenciones ilegales.

    El abogado Juan Piqué Vidal fue condenado a siete años de prisión por los mismos delitos, y al pago de una multa de 908.730,30 euros e inhabilitación como abogado durante tres años.

     También fueron condenados algunos empresarios e incluso el hijo de Pascual Estevill. Este, pactó una pena de un año de cárcel y una multa de 9.720 euros por un delito de alzamiento de bienes.

•  Caso  Naseiro para la financiación ilegal del Partido Popular a través de comisiones recibidas de empresas inmobiliarias. Resulta curioso que el escándalo quedó al descubierto gracias a las grabaciones obtenidas en una investigación  sobre tráfico de drogas.

     El caso salió a la luz pública poco  después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del partido en 1989. El  juez instructor de Valencia Luis Manglano, dictó  auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular entre los que se encontraban su tesorero Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales, diputado por Valencia y también antiguo tesorero del partido.

     El caso Naseiro llegó al Tribunal Supremo en el año 1992, debido a la condición de aforados de algunas de las personas implicadas en el proceso.

      El caso quedó archivado por irregularidades en las escuchas telefónicas. Las escuchas habían sido autorizadas para la investigación de un caso de narcotráfico y por tanto su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial, ordenandose la destrucción de las cintas.

• Durante el Gobierno de Juan Hormaechea en Cantabria en el año 1990, Juan González Bedoya presidente del Grupo Socialista de Cantabria, Miguel Angel Revilla presidente del Grupo Regionalista, junto con otros parlamentarios,  presentaron denuncia contra Hormaechea por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

      En el año 1994 el Tribunal Superior de Justicia condenó a Hormaechea a seis años y un día de prisión y siete de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

       Juan Hormaechea no llego a pisar la cárcel, en 1995 el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, le concedió el indulto total,  manteniendo  su inhabilitación de 14 años para participar en política.

     En el año 2002 el Tribunal Superior de Cantabria a instancias del Tribunal Constitucional volvió a condenar a Hormaechea a tres años de prisión por un delito de prevaricación cometido durante su mandato.

   Se calcula en 2.959.132 pesetas, la cantidad defraudada durante el gobierno de Hormaechea.

• En el año 1992 surgió el Caso Cementerio, caso de corrupción por la privatización del 49% de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas.

     Las personas imputadas fueron: El primer teniente alcalde, José María Huete y  José Ignacio Rodrigo, miembros del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña.

     Las personas citadas fueron imputadas por los delitos de  malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

     Las condenas fueron de  dos años y un día de inhabilitación  tanto a José María Huete como  a José Ignacio Rodrigo.

• El Caso Ibercorp se trató de un delito de tráfico de influencias cometido por Mariano Rubio siendo gobernador del Banco de España al  conceder un crédito de 5.400 millones de pesetas al banco Ibercorp, propiedad de Manuel de la Concha, amigo personal de Mariano Rubio. Al gobernador del Banco de España se le  descubrió una cuenta oculta con 130 millones de pesetas.

     En el año 1992, salió a la luz pública el escándalo, se trataba de un entramado societario que permitió entre 1985 y 1993, actividades especulativas de Bolsa que generaban importantes plusvalías a los socios de Manuel de la Concha.

      El escándalo, alcanzo a políticos y empresarios, entre los que destacaba el ministro de economía Miguel Boyer.

    El 25 de Febrero de 1999, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid dictó sentencia condenando a Manuel de la Concha a un seis años de cárcel por los delitos de estafa y maquinación.

     Mariano Rubio  imputado por tráfico de influencias, falleció antes de la finalización del juicio

      La estafa se calcula en unos  7100 millones de pesetas.

• ¿Quien no conoce el Caso PSV?, fraude y apropiación indebida de 18.588 millones para la financiación ilegal de la UGT y enriquecimiento personal a  través de la cooperativa de viviendas PSV y la gestora IGS. El escándalo surge en el año 1993 alcanzando al PSOE y a la UGT.

      Carlos Sotos Pulido, presidente de IGS y gerente de la cooperativa PSV, se puso a la cabeza del proyecto cooperativista llegando a contar  con cerca de 20.000 socios que se estima que aportaron unos 38.000 millones de pesetas.

      Carlos Sotos,  estuvo 13 meses en prisión tras la suspensión de pagos de PSV, siendo hallado culpable de apropiación indebida.

     El sindicato UGT, fue condenado como responsable subsidiario, con la obligación de hacer efectivos unos pagos de 13.000 millones de pesetas en concepto de indemnización hacia los cooperativistas.

• Durante el gobierno de Felipe González en 1986, Luis Roldán, es nombrado director general de la Guardia Civil, siendo acusado por los delitos de malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa, delitos por los que dimitió en el año 1993.

      Cuando se descubrió el pastel, Roldán  se fugó de España, siendo detenido un año después en  Bangkok.

       Fue condenado por el Tribunal Supremo a 31 años de prisión, pero solo llegó a cumplir  15. Se estima el dinero estafado en más de 14 millones de euros, depositado en diversos  paraísos fiscales.

      En el juicio quedó demostrado que Roldán se llevó 2.620.412,78 euros de los fondos reservados y 10.818.217,88 euros de comisiones relacionadas con el programa de modernización de las casas cuartel. Se le impuso una multa de 9.616.193,67 euros y una indemnización al Estado de 3.479.259,07 euros.

       La justicia solo ha logrado  recaudar en el procedimiento civil 1.646.845 euros a través especialmente  de cuentas corrientes y la subasta de algunas de sus propiedades, pero los 10 millones restantes no han aparecido.

• En el año 1994, se destapa el Caso Pallerols, ligado a la  financiación ilegal de UDC (Unió Democrática de Catalunya), resultando también implicado el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre.

     El delito consistió en la apropiación indebida del 10% de las subvenciones de fondos procedentes de la Unión Europea para cursos de formación a parados y cuyo porcentaje terminaba en  las arcas del partido. El dinero estafado se estimó en 388.483 euros.

• Durante las campañas electorales de los años 1989 y 1991, el PP de las Islas Baleares, recibió comisiones por la adjudicación irregular de las obras de construcción del túnel de Sóller. Por aquellos años el presidente de las Islas Baleares era Gabriel Cañellas.

     El empresario corrupto Antonio Cuar, socio de Cañellas, pago cerca de 50 millones de pesetas a la Fundació Illes Balears en contraprestación por la adjudicación de las obras.

      Fueron juzgados el presidente Cañellas, el consejero de obras públicas, Jeroni Sáiz y el secretario del PP en las Islas José Antonio Berastain. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 1997, declaró culpables a todos los implicados, pero estos quedaron absueltos por prescripción del delito.

• Uno de los casos más sonados de corrupción fue el llamado Caso GAL, consistente en la financiación ilegal de una organización que acabó con la vida de 27 personas relacionadas con la banda terrorista ETA entre los años 1982 y 1987.

    En esta trama se vieron involucrados, policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno de Felipe González como el ministro del interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

    La trama salpicó especialmente a propio Felipe González acusado por parte de la opinión pública de ser el máximo responsable del entramado GAL.

   El juez Baltasar Garzón juzgó los hechos considerándolos delitos de secuestro, asesinato, detención ilegal y  malversación de caudales públicos.

      Los imputados fueron condenados a diversas penas. Condenados a 10 años de prisión: José Barrionuevo, Julian Sancristobal y Rafael Vera. Condenados a 9 años y seis meses:  Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo. Condenado a 7 años, Ricardo García Damborenea. Condenado a 2 años y 4 meses, Michel Dominguez

• Caso Sanlúcar. En el año 1999, se produjo el intento de soborno por miembros del PSOE y empresarios de Sanlucar de Barrameda al concejal del PP Manuel Ramírez para que no votara en la moción de censura contra el PSOE, ofreciéndole 50 millones de pesetas. Manuel Ramírez renunció a la oferta denunciando el caso.

    Como consecuencia de la denuncia, fueron imputados:  Agustín Cuevas, Alcalde de Sanlúcar, Rafael García, Secretario de Organización del PSOE de Sanlúcar, Luis Mario Aparcero, Alcalde de Chipiona del PSOE y José Luis Cuevas  concejal del PSOE en Sanlúcar.

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró culpables a  los acusados condenándoles a 1 año y 6 meses de cárcel y una inhabilitación de cinco años.

• El Julio del año 1995, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, condenó a Miguel Pérez Villar en su día consejero de Economía y vicepresidente del PP de Castilla y León a 8 años de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación.

    Miguel Pérez Villar concedió subvenciones a las empresas mineras Renasa y Minas Ventana a las que había asesorado antes de entrar en la política.

    Se estima en 151 millones de pesetas el dinero estafado en el denominado Caso Minería.

• En el año 1997, se destapa el Caso Zamora. Todo comienza cuando el Presidente de la Diputación Provincial de Zamora del PP Antolin Martín y el empresario Eduardo Corrales denuncian a los antiguos responsables de la Diputación por el trato preferente a determinadas empresas de la construcción con el fin de recibir las correspondientes comisiones para financiar al PP.

    La denuncia salpicó a 33 personas entre políticos del PP y empresarios zamoranos, el propio José María Aznar, se vio involucrado en la trama corrupta.

    Tanto el Juzgado número 1 de Zamora, como el Tribunal Supremo, juzgaron a los imputados por los delitos continuados de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones entre los años 1988 a 1993, pero todos fueron absueltos por considerar que los hechos  juzgados no eran delito por aquellas fechas.

• En el año 2010 sale a la luz pública el Caso Arcos. El alcalde de Alcaucín en Málaga Jose Manuel Martín Alba del PSOE, es denunciado por 62 delitos de prevaricación urbanística atribuidos por haber autorizado construcciones saltándose la normativa urbanística.

    Los hechos se remontan al año 1999, siendo la  Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el organismo encargado de la denuncia. Fueron encausados 27 empresarios de la construcción.

     El alcalde de Alcaucin fue condenado a tres meses de prisión y 120.000 euros de fianza y que posteriormente fue indultado. Los 27 empresarios quedaron absueltos. Se calcula en 150.000 euros el dinero estafado a las arcas públicas.

• En el año 2000, surgió el Caso Camisetas por un desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al club  Atlético de Madrid siendo Jesús Gil Alcalde de Marbella y presidente de Atlético de Madrid. El fin de este desvío era contratar publicidad en las camisetas de los jugadores del Atlético de Madrid.

    La denuncia por malversación fue ejercida por la  concejala socialista, Isabel García Marcos (posteriormente también fue condenada por el Caso Malaya).

Jesús Gil fue condenado a 28 años de inhabilitación y seis meses de prisión.

• El FORCEM, Fundación para la Formación en el Empleo, se constituyó en el año 1992 por los sindicatos  CCOO y UGT y las organizaciones CEOE, CIG y CEPYME con el fin de gestionar los fondos del INEM para la formación continua de trabajadores. Estos fondos procedían de la Unión Europea.

    Será en 2001 cuando la Fiscalía procede a realizar una investigación por la posible existencia de fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos.

Parte de los fondos europeos, eran desviados a  empresas que carecían de este tipo de actividad formativa.

     La Jueza  Teresa Palacios dio por finalizado el proceso con la imputación de 17 altos cargos de la UGT, que fueron condenados a la devolución del dinero defraudado y que ascendía a 100 millones de pesetas.

• Entre los años 2002 y 2007, el alcalde de Plasenzuela (Caceres) José Luis Villegas del PSOE, es acusado de prevaricación, malversación y estafa por delitos urbanísticos.

    La Fiscalía acusó a Villegas de haberse quedado con más de 2 millones de euros en ayudas públicas concedidas a la residencia de ancianos de Plasenzuela entre los años 2004 y 2008. Asimismo, fue acusado del fraude de 2,2 millones a la Seguridad Social, tras dejar de abonar la cuota de los trabajadores municipales. 

    Tras múltiples investigaciones desde el 2009 año del inicio del proceso, el Ministerio Fiscal no encontró suficientes pruebas acusatorias y tras consultar con las acusaciones (Ayuntamiento y Seguridad Social), advirtió de la falta de pruebas para continuar con las imputaciones.

     El Juzgado número 2 de Trujillo en 2015 procedió a archivar el caso. Se calculan en 4,4 millones de euros la apropiación indebida de fondos públicos.

• En el año 2010 sale a la luz pública el Caso Alcorcón, según el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón recibió bajo el gobierno de Zapatero créditos ilegales por un valor de 44 millones de euros en créditos ilegales.

    La denuncia partió de la cadena inglesa BBC, siendo imputado el alcalde de Alcorcón Enrique Cascallana, que finalmente fue indultado.

•   En el año 2007, se destapó el Caso Marchelo por prevaricación administrativa de los representantes municipales en la concesión de licencias para el Parque Empresarial Marchalhendín, la urbanización Novosur, y gasolinera en terrenos del Alcalde, entre otros delitos.

    Los hechos tuvieron lugar en la población de Alhendín, Granada  bajo el gobierno del PP. Fueron imputados el ex alcalde y varios concejales, calculándose en 25 millones de euros el dinero estafado.

• En el año 2005, se llevó a cabo la mayor operación contra el blanqueo  de capitales llevada a cabo hasta ese momento. Se denominó Caso Ballena Blanca y tubo lugar en Marbella con ramificaciones en países como: Canadá Estados Unidos, Turquia, Argelia, Rusia, Marruecos e Irán.

    El centro de operaciones se localizó en  un despacho de abogados de la ciudad de Marbella, donde se montó una  red de blanqueo de capitales procedentes de grupos organizados dedicados al narcotráfico, prostitución, tráfico de armas, secuestros, homicidios y estafas de todo tipo. 

    La red, compuesta  por más de mil sociedades con sedes en: Gibraltar, Panamá, Islas Virgenes e Isla de Man como paraísos fiscales, invertían preferentemente en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Se calcula en unos 250 millones de Euros los bienes incautados.

     El caso Ballena Blanca, se saldo con penas muy escasas debido a que el Tribunal anuló las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, fueron condenados cinco de los 19 procesados. El principal acusado el abogado Fernando del Valle, fue condenado a seis años y tres meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública por el que tubo que abonar una  multa de 3,4 millones de euros.

• Hemos traído a estás páginas el caso Ballena Blanca  a pesar de que no estuvieron implicados  políticos, porque la investigación llevada a cabo sacó a la luz pública unos de los casos más mediáticos de nuestra historia reciente, el Caso Malaya. Considerado uno de los mayores casos de corrupción urbanística y que se desarrollo en el Ayuntamiento  de Marbella.

      La trama tuvo lugar bajo el gobierno del PSOE encabezado por Isabel Yagüe y con Juan Antonio Roca como principal implicado en una trama de actividades ilícitas como: Cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias que fueron  llevadas a cabo, por  dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, empresarios y abogados  y que afectaron a otras localidades como: Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona.

     La primera fase de la Operación Malaya tuvo lugar el 29 de marzo de 2006, y se desarrolló en las ciudades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia, saldándose con 29 detenidos y la incautación de bienes por un valor de 2.600 millones de euros. En la operación participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. El caso tuvo la entidad suficiente para que el fiscal general Conde-Pumpido crease una Delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga.

       El cabeza visible de la trama fue  Juan Antonio Roca, asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y gerente de urbanismo del Ayuntamiento durante el gobierno de Jesús Gil. Con la ayuda de su testaferro Montserrat Corulla, controlaba el dinero de los impuestos municipales de Marbella y lo invertía en coches de lujo, propiedades inmobiliarias  en Madrid y obras de arte. Roca, fue imputado por los delitos de malversación, blanqueo de capitales y cohecho. Ingresó  en prisión sin fianza  el 31 de marzo de 2006.

​       Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella desde agosto de 2003, ingresó en prisión el 1 de Abril de 2006, después del pago de una fianza recobró la libertad a la espera de juicio.​

      Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde de Marbella, ingreso en prisión el 2 de Abril de 2006, pero a los pocos días pudo eludir la prisión tras el pago de la correspondiente fianza.

    Otros cabecillas implicados fueron: José Jaén, concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Marbella, Victoriano Rodríguez, concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Marbella y Leopoldo Barrantes, secretario del Ayuntamiento de Marbella.

      Entre las incautaciones de la policía cave destacar: Obras de arte como un cuadro de Miró, metales preciosos, joyas y dinero en efectivo, ordenadores, furgonetas, armas de fuego,  un helicóptero, una ganadería de toros  y una cuadra de caballos.​

      Con el ingreso en prisión de Marisól Yagüe e Isabel García Marcos, Tomás Reñones (ex jugador  del Atlético de Madrid), se convirtió en el alcalde en funciones, pero el 7 de abril de 2006, el Consejo de Ministros  disuelve al Ayuntamiento de Marbella, pasando a ser gobernado por una comisión gestora hasta las elecciones municipales.

    A finales de Junio de 2006, se inició la segunda fase denominada Malaya II, con actuaciones de las ciudades de: Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona y con la detención de 30 personas, entre ellas trece ex concejales del Ayuntamiento de Marbella, constructores y promotores.

    Entre los principales detenidos destacaremos: Tomás Reñones, ex alcalde  en funciones, prisión sin fianza  desde el 29  de Junio de 2006.​

     José Avila Rojas, constructor y promotor inmobiliario a través de empresas como: Arenal 2000, Ávila Rojas y Aifos.

     Avila Rojas era el compañero habitual de Juan Antonio Roca en las partidas de póquer. Se comenta que llegaron a apostar hasta 3 millones de euros. La Fiscaliza pide 10 años de cárcel y 60 millones de euros de multa.

      Rafael Gómez Sanchez, alias Sandokán, detenido el 27 de Junio de 2006 y trasladado a la Comisaría de Málaga, donde permaneció retenido varios días. 

    Fue puesto libertad tras el pago de la fianza de 300.000 euros.  La fiscaliza anti-corrupción solicitó para “Sandokán”  una pena de 18 meses de cárcel y una multa de 1,2 millones de euros.

     Rafael Gómez es un personaje singular que desde sus inicios como cabrero cuando todavía era un niño, consiguió llegar a lo mas alto del mundo empresarial en Andalucía e incluso accedió a la política como concejal en el Ayuntamiento de Córdoba. A raíz del caso Malaya sus negocios se fueron a pique llegando a deber a los bancos la nada despreciable cantidad de 3200 millones de euros. Estuvo imputado posteriormente en otros casos contra la Hacienda Pública ingresando en prisión en 2017 y tras cumplir 15 meses consiguió el tercer grado, especialmente por sus problemas de salud.

      Recomendamos conocer la biografía de este personaje, como se asciende, como te arruinas y como vuelves a remontar.

     Lucía Aguilera, la que fue secretaria de Jesús Gil y esposa de  Miguel Jiménez, uno de los ex concejales detenidos, falleció de un infarto poco después de la detención de su marido.​

     El 17 de julio de 2006 agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a las siguientes personas:    Julian Muñoz, ex alcalde de Marbella y compañero sentimental de Isabel Pantoja, fue arrestado como presunto autor de delitos de cohecho y malversación de caudales públicos. Se decretó para él prisión incondicional el 21 de julio de 2006.​

    Pedro Perez, ex concejal del Ayuntamiento de Marbella por el Partido Andalucista, detenido como presunto autor de un delito de cohecho continuado. El Fiscal Anticorrupción, acusó tanto a Julian Muñoz como a Pedro Perez de cobrar comisiones de Juan Antonio Roca.​

    En esta operación también fueron detenidos los altos cargos de Aifos: Jesús Ruiz, Jenaro Briales y José Andrés León.

    La tercera fase (Operación Malaya III) comenzó el 14 de noviembre de 2006, saldándose con la detención de las siguientes personas: 

    Mayte Zaldivar, ex mujer de Julian Muñoz. Quien no ha escuchado las declaraciones de Mayte Zaldivar en  Telecinco afirmando que en su casa entraban bolsas de basura repletas de dinero?

     Jesús Zaldivar, hermano de Mayte Zaldivar, acusado de  blanqueo de dinero.

José María Gonzalez de Caldas, que fuera presidente del Sevilla.​

    

   Durante esta operación fueron detenidos cinco empresarios, el funcionario judicial Francisco Ramírez Olivera, el director de una sucursal de Cajamar en Marbella, Benjamín Martínez Cantero y un socio de González de Caldas. 

       En el año 2007 continuaron las detenciones: El 23 de Abril de 2007 fue detenido Florencio San Agapito, comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de seguridad de Telefónica.​

      El 26 de Abril, se decretó prisión incondicional sin fianza para el ex-primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román acusado de un delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho.​

     El 2 de Mayo de 2007 fue detenida la cantante Isabel Pantoja, pareja sentimental de Julian Muñoz, acusada de varios delitos contra la hacienda pública. Se decretó para ella, libertad bajo fianza de 90.000 euros.​

     El 3 de Mayo de 2007 se produjo la detención, de un bróker de bolsa, Fernando de Salinas, al que se le acusa de un presunto blanqueo de dinero de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, en paraísos fiscales de Gibraltar y Suiza.

      El sumario quedó incoado y el 23 de Julio de 2007, 86 personas fueron procesadas. En 2013 se hizo pública la sentencia condenando a 52 de los procesados. En 2015 el Tribunal Supremo redujo a 48 el número de condenados modificando alguna de las penas.

     Las penas más elevadas fueron para Juan Antonio Roca, 17 años de prisión y 240 millones de multa y para  Marisol Yagüe, 5 años y medio de prisión.

    Relacionamos a continuación algunas de las penas por importancia y repercusión mediática de las personas condenadas.

       Por blanqueo de capitales fueron condenadas entre otras personas:

     Julián Muñoz: 2 años y medio de cárcel y 7 años de inhabilitación. Multa de 3.648.000 de euros.

       Mayte Zaldívar: 2 años y 6 meses de cárcel. Multa de 2.487.088 euros.

      Jesús Zaldívar: 2 años y 6 meses de cárcel. Multa de 1.780.000 euros.

      Isabel Pantoja: 2 años de cárcel. Multa de 1.147.148,96 de euros,   

      Monserrat Corulla (Abogada): Condenada a 3 años y medio.

      Juan German Hoffmann (Abogado): Condena a 5 años.

      Pedro Román, condenado a 4 años y medio.

      Isabel García Marcos (Ex-primer teniente de alcalde de Marbella): Condenada a 3 años y medio.

      José Ávila: 3 años y 6 meses de prisión y 11,5 millones de multa.

      González de Caldas: 6 meses de prisión.

    Rafael Gómez ‘Sandokan’: 6 meses de prisión sustituibles por una multa de 150.000 euros.

     Tomás Reñones: 5 años y medio de prisión y 320.000 euros.

     Antonio Jimeno (Cuñado de Roca): 2 años y medio.

    Jesús Ruiz Casado (Presidente de la promotora inmobiliaria Aifos): 1 años y 10 meses de prisión y dos millones de euros de multa.

    Jenaro Briales (Director general de Aifos): 1 año y 10 meses de prisión y tres millones de euros de multa. 

•    Entre 2006 y 2007, se destapo el “Caso de Cooperación” consistente en el desvío de fondos de ayuda al desarrollo por parte de la cúpula de la Consejería de Solidaridad de la Generalitat Valenciana dirigida por Rafael Blasco.  

      La Generalitat otorgó a Augusto César Tauroni 1,6 millones de euros para proyectos en países en vías de desarrollo, de los que solo llegaron 47.953,34 euros. El resto se destinó al beneficio propio de Blasco y Tauroni.

     En el año 2014 se termina la fase de instrucción, siendo imputados y condenados por el Juez instructor Antonio Ferrer entre otros: Rafael Blasco a 8 años de cárcel, Augusto César Tauroni a 8 años de cárcel, Tina Sanjuán a siete años, seis meses y un día de cárcel y a 17 años y medio de inhabilitación, Alexandre Català a cuatro años, seis meses y un día de cárcel, Marc Llinares a cuatro años, seis meses y un día de cárcel, Josep María Felip a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. De forma conjunta y solidaria los condenados deben de hacer frente a una indemnización a la Generalitat valenciana por el importe defraudado, entorno a los 1.784.840 €. 

• En el año 2006, surge el Caso Ciudad del Golf: Se investigan presuntos delitos delitos cometidos por altos cargos de la administración en la construcción de un complejo de golf y chalés en una zona de gran impacto medioambiental. En la zona del municipio de las Navas del Marqués, se encontraba una gran reserva natural de cigüeñas.

     Las organizaciones medioambientales, denuncian que se está produciendo una gran tala de árboles centenarios.

   Francisco Gómez, constructor del proyecto, Gerardo Pérez, alcalde de Las Navas y Carlos de la Vega, secretario municipal, fueron imputados de prevaricación, malversación de caudales públicos y delito continuado de fraude. Las tres personas imputadas fueron absueltas. Se estima en 10 millones de euros el dinero estafado.Todos los imputados fueron absueltos. 

• Uno de los casos mas sonados de corrupción quizá por la proximidad a nuestros días ha sido el Caso Gürtel. Los empresarios: Pablo Crespo, Francisco Correa, Álvaro Pérez “El bigotes” y Antonio Sánchez se asociaron de forma delictiva con el objeto de beneficiarse de fondos públicos en casos relacionados con el urbanismo y el medioambiente.

     El procedimiento consistía en sobornar a altos cargos públicos para conseguir sus favores. La trama repercute en altos cargos del Partido Popular y en mas de veinte directivos de empresas. Las investigaciones dieron paso al Caso Barcenas por posible financiación ilegal de PP.   

      Las denuncias comenzaron en el año 2007 y partieron del ex-concejal José Peñas y  Ana Garrido Ramos, técnico del ayuntamiento de Boadilla del Monte. Los hechos denunciados implicaron a las comunidades de Valenciana, Madrid y Galicia, todas gobernadas por el PP.

       Entre las empresas implicadas se encontraban: Special events, Pasadena Viajes, Easy Concept y Orange Market.  

     Ademas de los cuatro empresarios implicados, también fueron acusados:  Alberto López, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ex-miembros del PP.  El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, fue investigado por el llamado “Caso de los trajes”, Ricardo Costa, que fuera secretario general del PP valenciano, Víctor Campos, ex-vicepresidente del Gobierno valenciano y Rafael Betoret, ex-jefe de gabinete de la Consellería de Turismo también fueron investigados, asi como Luis Bárcenas,  tesorero del PP.

    Todos fueron acusados de los delitos de: Cohecho y malversación, financiación ilegal de partidos, delitos contra la Hacienda Pública.  

    En este caso es de destacar la inhabilitación del Juez instructor, Baltasar Garzón, por ordenar escuchas ilegales en este caso. Fue sustituido por el Juez Pablo Ruz.

     Se estima en más de 200 millones de euros el dinero estafado, siendo condenados los cuatro empresarios y Luis Barcenas. Después de su paso por la cárcel todos los implicados se encuentran en  libertad tras el pago de la correspondiente fianza. Francisco Camps fue absuelto.

      A fecha actual, Marzo de 2020 el caso sigue abierto, juzgándose piezas separadas y con las mismas personas involucradas. 

• En Noviembre de 2007, se destapó el Caso Guateque, trama de corrupción que consistía en la agilización de licencias municipales en Madrid.

      Los hechos se sucedieron durante los gobiernos de Esperanza Aguirre como presidenta de la comunidad de Madrid y con Alberto Ruíz Gallardón como alcalde de Madrid. 

     Entre las Empresas implicadas destacan:  AB Sanz Escribano Ingenieros Consultores S.L., AC 93 Proyectos y Obras S.L, Seguros Ocaso, Agustino Proyectos e Instalaciones S.L.,

     Los delitos que se atribuían entre otros fueron: Cohecho, tráfico de influencias, actos contra el patrimonio histórico, prevaricación urbanística y ambiental.

     El 14 de noviembre de 2007 fueron detenidos 16 funcionarios municipales por cobrar hasta 18.000 euros a cambio de agilizar licencias de locales. Un año después la cifra de imputados ascendió a  80.

     Según el Juez Instructor Santiago Torres, la trama estaba supuestamente encabezada por Victoriano Ceballos, ex-jefe del Área municipal de Impacto y Análisis Ambiental. Otros imputados fueron: Manuel Álvarez y Fernando Zornoza, técnicos  de la Junta Municipal del Distrito de Centro, Mario Mínguez y Fernando Ruiz, funcionarios del área de Disciplina Urbanística, José Antonio Jodar, funcionario de la Concejalía de Urbanismo,

     Las investigaciones preliminares, señalaban al funcionario municipal Carmelo García, como encargado de captar a los empresarios que querían abrir un negocio en Madrid pidiendo un dinero a cambio de lograr el favor de determinados funcionarios del Ayuntamiento.

      Al caso principal se unieron otras causas separadas que condujeron a la cárcel a 26 personas. Durante este proceso, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial valoró que Torres estaba dilatando sin justificación el caso. Será en septiembre de 2012 cuando se le imponga una sanción de 1.000 euros.

      El Juez Torres, dio por finalizada la causa en 2012 con 28 procesados. En 2013, la Jueza Rosa María Freire, sustituye a Torres poniéndose al frente del caso.

      El 21 de julio de 2015, la Jueza Freire abrió juicio oral para retomar el juicio de la Operación Guateque, Freire  acordó medidas cautelares como fueron mantener en libertad provisional a los imputados y el requerimiento de que prestasen las fianzas correspondientes el día siguiente a la recepción de la notificación.

     Carmelo García Sánchez, funcionario adscrito a la Gerencia de Urbanismo, y el intermediario Santiago Castillo Morales, son considerados los principales responsables de la trama de corrupción. Ambos debían ingresar en concepto de fianza: 764.600 euros. La resolución declaró además la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid que estaba obligado a depositar 28.000 euros.

         Después de meses de juicio, La Audiencia de Madrid constató que el caso Guateque, se inició tras un montaje con mala fe de la Guardia Civil, que además se mantuvo oculto por la actuación inexplicable del juez Torres y de la Fiscalía. Como consecuencia de estos hechos se absuelve a todos los procesados, cuando la Fiscalía pedía 250 años. Una parte de los procesados pasaron por prisión, otros perdieron el trabajo y otros reconocieron su participación en los hechos.

       El Tribunal Supremo confirmó la absolución de los 34 procesados en el caso Guateque tras rechazar los recursos de la Fiscalía de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, al que condena en costas por los gastos del procedimiento penal.

• En el año 2007 salió a la luz pública el Caso las Teresitas, consistente en la expropiación, recalificación y posterior puesta a la venta de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife.

      El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó en 2001, más de 52 millones de euros por once parcelas, cantidad que según Pía Oramas arquitecta municipal, superaba en 30 millones el valor real del suelo.

   Ignacio Manuel González, consejero de Caja-Canarias, fue el mayor beneficiario al conseguir plusvalías millonarias con el consentimiento del alcalde  Miguel Zerolo. Se estima en más de 100 millones los beneficios a costa del Ayuntamiento.

     En 2017 se hace pública la sentencia. El ex-alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, fue condenado por la Audiencia Provincial a siete años de prisión por los delitos de prevaricación, a siete años también fue condenado el ex-concejal de Urbanismo, Manuel Parejo.

      Los empresarios implicados en la causa, Ignacio González y Antonio Plasencia fueron condenados a cinco años de cárcel.

     Todos los condenados, tienen que hacer efectiva una indemnización de 9.159.884,67 euros.

• En el año 2009, se destapó el Caso Pretoria, una trama de concesiones, concursos y planes urbanísticos en la que estaban implicadas más de veinte personas a cuyo frente se encontraba el cerebro de la trama Luis García Sánchez,  ex-diputado del PSC expulsado del partido.

     El caso de desarrolló en los municipios de: Santa Coloma de Gramenet y Llavaneres, estando implicados los partidos: PSC, CiU y PP  y las empresas: Niesma Corporación, Inmobiliaria Espais y Liasma Mediterráneo.

  

   Además de la imputación de Luis García Sánchez, otros imputados fueron: Lluís Prenafeta, primer secretario general de la Generalitat con Jordi Pujol, Macià Alavedra, ex conseller de Jordi Pujol, Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Manuel Dobarco, ex-concejal de urbanismo del ayuntamiento, Víctor Ros, ex-alcalde 'popular' de Llavaneres y algunos otros funcionarios y empresarios.

   Todos fueron imputados por los delitos de: Asociación ilícita, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, fraude y falsedad documental.  

     Al frente de proceso se encontraba el Juez  Baltasar Garzón que dicto entre otras las siguientes sentencias: Luis García Sánchez, en libertad bajo fianza de 500.000 euros, Lluís Prenafeta, en libertad bajo fianza de un millón de euros, Macia Alavedra, en libertad, bajo fianza  de un millón de euros, Bartomeu Muñoz, en libertad previo pago de 500.000 euros.  

      Se estima en 45 millones de euros el dinero estafado.  

• En el año 2009 sale a la luz pública el Caso Millet, también conocido como caso Palau. Félix Millet Tusell empresario que fue presidente de la Fundación Orfeó Catalá -Palacio de la Música Catalana entre los años 1990 y 2009, año en el que dimitió del cargo después de confesar que se había apropiado de 3,3 millones de euros para su propio beneficio.  

     Félix Millet Tusell en los años 60 estuvo varios años en una explotación familiar de plantaciones de café y cacao durante este tiempo se convirtió en multimillonario.

       Regresó a España a la muerte de su padre que había presidido el Banco Popular y fue cofundador de la aseguradora Chasyr y de Banca Catalana. Posteriormente llegó a las presidencias del Orfeó Català-Palau de la Música, de la Fundació del Barça y de la Agrupació Mútua. También participó en la fundación de Òmnium Cultural y Benéfica Minerva. El tío abuelo de Fèlix Millet Tusell fué  cofundador del Orfeó Català, impulsor del Palau de la Música y compositor del totémico Cant de la Senyera.

       En el proceso se vio involucrada Convergéncia Democrática de Catalunya así como los empresarios: Maciá Orriols Romeu, Aleix Pareja Pujol, Francisco Mañaricua Campins, Jesús Contreras, Pablo Rajo Rueda, Juan Antonio Rodes Castañe, Jorge Adroer Fortuny y Alejandro Casamada Bragulat.

      Otros imputados en mayor o menor medida son: Jordi Muntull, mano derecha de Félix Millet en los temas del Palau, Marta Valles Guarro y su hija Laia Millet Valles, esposa e hija de Millet,  Mercedes Mir Recio, esposa de Montull, Gemma Montull hija de Jordi Montull, era la responsable financiera del Palau de la Música, Daniel Osácar, tesorero de Convergéncia Democrática de Catalunya, Raimón Bergós Civit y Santiago Llopart, abogados del Bufet Bergós.

     Todos los implicados son acusados por desvío  de fondos del Palau de la Música Catalana en beneficio particular y desvío de fondos del Palau de la Música Catalana, a la formación política Convergéncia Democrática de Catalunya. 

        Félix Millet fue condenado a 9 años y ocho meses, Jordi Montull condenado a 7 años y 6 meses. Los dos cabecillas de la trama son condenados a devolver de forma conjunta  al Palau, Orfeó Català, la Associació Orfeó Català y el Consorci del Palau de la Música,  más de 23 millones de euros. Además, deben pagar a la Hacienda Pública 128.155 euros y el interés del 25% de ese montante.

        Daniel Oxácar condenado a 4 años y 5 meses de prisión  y una multa de 3,7 millones de euros. 

      Convergéncia Democrática de Catalunya, fue condenada a devover 6,6 millones de euros que obtuvo de forma ilícita a través de las mordidas del 4% de Ferrovial.

     Gemma Montull, responsable financiera del Palau de la Música, desató la ola de confesiones pactadas con la Fiscalía para reducir sus penas. Ha sido condenada a cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 2,6 millones de euros.

        Marta Vallés Guarro, y su hija Laia Millet Vallés, han sido declaradas partícipes a título lucrativo, Marta Vallés tiene que devolver al Palau 6,41 millones de euros y su hija Laia, 112.782 euros.

    Raimón Bergós Civit y Santiago Llopart, abogados del Bufet Bergós, han sido condenados a dos años de prisión y una multa de 7.500 euros y un año y nueve meses de prisión y una multa de 2.700 euros respectivamente,

        Mercedes Mir Recio, ha sido declarada partícipe a título lucrativo y tiene que devolver 376.700 euros.

       Los empresarios, Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz García y Juan Antonio Menchén Alarcón acumulan una condena  de un año y nueve meses y multas de 2.700 euros por delito de falsedad en documento mercantil.

   Las empresas, Bonoima, Aysen Productions y Aurea Rusula han sido declaras responsables civiles subsidiarias con el Palau por importes de 529.334 euros, 130.044 euros y 246.244 euros respectivamente.

     Edmundo Quintana asesor fiscal, condenado a ocho meses de prisión, tiene que devolver a Hacienda 549.749 euros más el interés del 25% de ese importe.

       Convergéncia Democrática de Catalunya, partido fundado por Jordi Pujol, se encuentra en fase de liquidación, siendo refundado bajo las siglas de PDeCAT. 

    La sentencia confirma las comisiones del 4% de Ferrovial a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. Las comisiones se distribuían de la siguiente forma: CDC se quedaba el 2,5% y el 1,5% restante iba a parar a Millet, quien se quedaba con el 80% y el 20% para su socio Montull. 

       Se estima e mas de 35 millones de euros estafados. 

       La sentencia se encuentra recurrida por la mayoría de los condenados ante el Tribunal Supremo, encontrándose en prisión preventiva los cabecillas Felix Millet y Jordi Montull por riesgo de fuga.

• El  llamado Caso de Miguel, se destapa en el año 2009. De Miguel, es el apellido del ex-número dos del PNV de Álava y ex-diputado foral, Alfredo de Miguel, imputado junto a otras personas en  una presunta red de corrupción urbanística.

     A De Miguel se le acusa del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras en el Parque Tecnológico de Álava.

     Todo comienza en 2006 cuando se contrata a la asesoría de la abogada Ainhoa Alberdi, “Urbanorma Consulting”, para gestionar el proceso de ampliación en 900.000 metros cuadrados el Parque Técnologico de Miñano.

     Durante la investigación se constató que el socio de Ainhoa Alberdi estaba relacionado con el PNV de Alava. La consultora anteriormente había contratado con De Miguel en los polígonos industriales de Ayala y Orduña.

     De Miguel reclamó a la Consultora las dos terceras partes del contrato (100000 euros) en virtud de un supuesto pacto previo alcanzado entre ambos. La empresaria y abogada  Ainhoa Alberdi, presentó denuncia destapando el caso. 

   Enumeramos algunos de los imputados: Alfredo de Miguel, el burukide Aitor Tellería (burukide es una especie de gestor del PNV , lo más a que se puede llegar entre los vascos, casi a la altura del lehendakari), el ex-contable del parque tecnológico de Miñano Koldo Ochandiano, el ex-gerente de Miñano Alfonso Arriola y el constructor Jon Iñaki Echaburu, Ainhoa Bilbao Lasa, esposa de Alfredo de Miguel, socia y titular de un tercio de las participaciones de Kataia consulting, una de las sociedades encausadas, Araceli Bajo, esposa de Aitor Tellería, socia y titular de Kataia, Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposa de Luis Felipe Ochandiano, socia y titular de un tercio de las participaciones de Kataia, Alfonso Arriola, Gerente del Parque Tecnológico de Álava de 2006 a 2009, Julián Andrés Sánchez Alegría, Presidente de la red de los parques tecnológicos del País Vasco entre los años (2005-2009), Miren Lourdes Bilbao, Directora del Parque Tecnológico de Álava entre los años (2007-2011), Gurutz Larrañaga, Viceconsejero de Cultura del Gobierno vasco desde 2003 a 2009, bajo los mandatos de Ibarretxe.

    En total fueron 26 el número de imputados, siendo acusados por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales. malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones, falsedad en documento público y contra la Hacienda Pública.
        La Fiscalía solicita la suma de 440 años de prisión para los 26 acusados. El juez Roberto Ramos imputa también a las empresas: Kataia Consulting, Errexal Serbitzuak, Ortzi Muga, Sidepur y Zerulur.

       En 2019, se hace pública la sentencia: Alfredo de Miguel condenado a 13 años y 3 meses de prisión, Koldo Ochandiano, condenado a 7 años y seis, meses de prisión, Aitor Tellería condenado a 6 años y 6 meses de prisión, Ainhoa Bilbao Lasa, condenada a 1 año y 6 meses de prisión,  Iratxe Gaztelu-Urrutia a 1 año y seis meses de prisión. El resto de implicados fueron absueltos.

• Caso Bárcenas: En el año 2009 se destapa que Luis Bárcenas ex-tesorero del PP, distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato, con dinero procedente de las comisiones recibidas de las constructoras, empresas de seguridad y donaciones.

      Toda la investigación recae en el Juez Ruz que investiga a determinadas personas como:  Luis Bárcenas Gutiérrez, ex-tesorero y ex-senador del PP,  Rosalía Iglesias Villar, mujer de Bárcenas, Ángel Sanchis Perales, ex-diputado y ex-tesorero del PP, Álvaro Lapuerta Quintero, ex-tesorero y ex-diputado por la Rioja del PP, José Ángel Cañas, gerente del PP de Castilla la Mancha, Cristóbal Páez, ex-gerente del PP, Lamberto García Pinedo, ex-concejal y ex-tesorero en Castilla la Mancha del PP y los ex-ministros: Ángel Acebes y Rodrigo Rato.

      Asimismo fueron investigados los empresarios: Juan Miguel Villar Mir, presidente del grupo Villar Mir y de la constructora OHL, Luis del Rivero, de Sacyr Vallehermoso, José Luis Sánchez Domínguez, del Grupo Sando, dedicado a la construcción, Manuel Contreras Caro, de Azvy, empresa dedicada a la construcción, transporte ferroviario y gestión inmobiliaria, Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica, Juan Manuel Fernández, de Aldesa,  empresa dedicada a la venta en aeropuertos, José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas.

     Ademas de estos empresarios enumerados también fueron investigados un buen número de empresarios menos conocidos, pero para muestra creemos que ya es suficiente.

     A todos los implicados se les investiga por los delitos de: Fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa procesal.

        En febrero de 2009, Luis Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, proceso del que ya hemos hablado con anterioridad.​

        El 8 de abril de 2010 Bárcenas pidió su baja como militante del Partido Popular por los indicios de financiación irregular por parte suya y de otros altos cargos del Partido Popular. ​

         En marzo de 2012 la Audiencia Nacional reabrió el caso Gürtel contra Bárcenas.

El 18 de enero de 2013, el periódico El Mundo publicó que Bárcenas supuestamente había pagado sobresueldos en dinero negro por importes que irían de los 5000 a los 15000 euros mensuales a altos cargos de su partido.​

       El Juez Ruz impuso a Bárcenas la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada 15 días en el Juzgado.​

Viñeta públicada por El Mundo

     El 27 de junio de 2013, Bárcenas ingresa en prisión por decisión del juez Pablo Ruz para evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba.

       El 21 de enero de 2015, el ex-tesorero reúne la fianza de 200 000 € impuesta por el juez para salir de prisión.​

     En Mayo de 2018, Luis Barcenas vuelve a ingresar en prisión por riesgo de fuga, recordemos que Barcenas tiene una sentencia por el Caso Gurtel de 33 años y 4 meses.

      La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio del caso Bárcenas, relativo al presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova con dinero de la caja B del PP.

• En 2009 surge el Caso Mercasevilla. La empresa de hostelería  “La Raza”, recibió una subvención de la junta de Andalucía de 900.000€ para abrir una escuela de hostelería en Mercasevilla.  Todo comenzó con la salida a la luz pública una grabación cuando los ex-directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce exigieron al restaurante La Raza una comisión de 450.000 euros a cambio de darles luz verde para que se hicieran con el control de la Escuela de Hostelería. Los dueños de La Raza grabaron la conversación y se la entregaron a la Consejería de Empleo, que la remitió a la Fiscalía.

        Durante la investigación, llevada a cabo por la Jueza Mercedes Alaya, salieron a la luz en 2006 una serie de irregularidades en la adjudicación de los terrenos que ocupaba Mercasevilla y en los que se tenía previsto construir 2.000 viviendas de protección oficial cuando el mercado se trasladase a una nueva ubicación.

     En el año 2001, la Junta de Andalucía, puso en marcha un programa para ayudar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar ERES, para realizar prejubilaciones o despidos.

       Uno de los sumarios del caso Mercasevilla se centró en las irregularidades que podrían haberse cometido en los ERE que se produjeron en 2003 y 2007. Durante la investigación, la Jueza Mercedes Alaya descubrió que un militante del PSOE de Andalucía  estaba en la lista de las personas que se incluyeron en los expedientes de regulación de empleo cuando nunca había trabajado en Mercasevilla.

      En los meses posteriores se descubrieron más falsos prejubilados, lo que derivó en el conocido Caso de los ERES.

       La  Fiscalía Anticorrupción  acuso por cohecho y fraude al  delegado y dirigente de la empresa Fernando Mellet que ademas era el director general de la Lonja.

      La Audiencia de Sevilla  impuso al ex-directivo de Mercasevilla una condena de dos años de prisión y  seis años de inhabilitación y el pago de una multa de 16.412,12 euros.

       Tras los correspondientes recursos, la jueza Yolanda Sánchez Gucema ha absuelto de los delitos de fraude y prevaricación al ex-director general de Mercasevilla Fernando Mellet, al ex-director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño, al ex-concejal socialista y ex-presidente de la Lonja Gonzalo Crespo, y a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante.

      Lo curioso de la sentencia es que Fernando Mellet fue condenado por conceder una beca  por su cuenta y riesgo, a la hija del presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescados, a la que pagó entre 2008 y 2009 algo más de 16.000 euros para pudiese estudiar en Londres.

• Caso Ibatur, se trata de un caso de corrupción relacionado con la empresa de turismo de Baleares Ibatur, que desvió dinero público. Este caso está relacionado con el “caso Gürtel”. La investigación da comienzo en el año 2010. Los hechos ocurrieron durante la legislatura de Jaume Matas años (2003-2007). 

     Entre las empresas implicadas destacaremos: Ibatur (Instituto Balear del Turismo), Match Golf Consulting, Over Comunicación, Fundación Balears Sostenible. 

    Personas implicadas por desvío de fondos públicos: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan Velasco y Kamal Dorai

     En Julio de 2016, los ex-gerentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) admiten haber cobrado, mientras estaban al frente de este organismo público, un total de 50.787 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.

     Juan Carlos Alía, es condenado por cohecho, fraude y prevaricación a 14 meses de prisión, e inhabilitación  para cargo público  y multa de 25394 euros, penas atenuadas teniendo en cuenta las circunstancias  de reparación del daño causado. Las mismas penas recaen en Raimundo Alabern. En los dos casos entran en prisión. Tanto Alía como Alabern tienen que  indemnizar a Ibatur con 2.000 euros cada uno que se suman a las multas  por la cantidad defraudada.

     Los empresarios Bartolomé Morey y Kamal Dorai, que habían devuelto el dinero estafado, han sido condenados a 7 y 6 meses de prisión y multas de 2.100 y 8158 euros respectivamente. Ninguno de los dos empresarios ingresan en prisión.

         Miguel Ángel Bonet, que cumple condena de prisión por otra pieza de Ibatur, es condenado   por fraude y prevaricación a 7 meses de prisión sustituibles por 1.680 euros de multa.

• En Abril de 2010, sale a la luz el el Caso Bomsai. Trama de corrupción política relacionada con el cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la adjudicar las obras de construcción de los edificios públicos que albergaron el parque de bomberos y la sede de la Consejería y Consumo del Gobierno Balear.

     La Consejería de Consumo, presento denuncia ante la Fiscalía por el pago de una importante cantidad económica 600.000 euros en concepto de asesoramiento a las empresas: Atlas Capital Close Brother S.L y DLA Piper Rudnick Gray Cary Spain S.L, para la construcción del parque de bomberos de Palma junto a la Vía de Cintura  nueva sede de la Consejería y Consumo del Gobierno Balear. 

     La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Margarita Bosch, decretó prisión bajo fianza de 50. 000 euros para el ex-director general de Tributos del Gobierno de Jaume Matas, Jorge Sainz de Baranda, y de 30. 000 euros para el ex-director general de Emergencias, Joan Pol.

    La Jueza les imputa los delitos de prevaricación y cohecho a Joan Pol y de prevaricación y malversación de caudales públicos a Sainz de Baranda.

    En  el mismo proceso se imputa por corrupción al ex-presidente del Gobierno Gabriel Cañellas durante  el periodo 1983-1995, al cuñado de Matas, Fernando Areal, ex-gerente del PP en Palma, Miguel Llabrés Feliu constructor, el constructor Jaime Fluxá y los ex-directores generales de Tributos,  Jaume Vidal y Fernando Areal.

    En el año 2011 se hace cargo del proceso el Juez Instructor Juan Catany. De las investigaciones realizadas, se desprende que el empresario Jaime Fluxá recibió 54.000 €, Joan Pol recibió un soborno de 150.000 € y la consultora Atlas cobró 600.000 €.  

     Después de múltiples dilaciones en el proceso, en Marzo de 2017, el Juez de instrucción de Palma, Juan Manuel Sobrino, decreta  el archivo de la pieza principal del caso Bomsai, la causa del sobreseimiento es que ni la fiscalía anticorrupción ni el Govern han decidido formular acusación contra algunos de los 17 imputados en este sumario. 

• Caso Nóos. En el año 2010 da comienzo la investigación por un presunto caso de malversación, prevaricación, fraude, falsedad y blanqueo de capital por parte del Instituto Nóos, una asociación sin ánimo de lucro, que recibía subvenciones y ayudas desviándolas para beneficio propio.

      El Juez Instructor José Castro Aragón, imputa a Iñaki Urdangarin y su  socio Diego Torres máximos responsables de Nóos.  

      José Castro en segunda instancia también imputa a: José Luis Ballester Tuliesa, director general de deportes de Govern, Luis Carlos García Revenga, secretario privado de las infantas, Jaume Matas, ex-presidente Balear, Ana María Tejeiro Losada, responsable del área jurídica y fiscal del instituto Nóos, Cristina de Borbón  Infanta de España.

        Se estima que el dinero estafado asciende a 16 millones de euros. 

       El Caso Noos, sale a la luz pública como consecuencia de las investigaciones del Caso Palma Arena.

      De las investigaciones llevadas a cabo, se desprende que todo comenzó en el año 2004 cuando Iñaki Urdangarin, funda la empresa Nóos Consultoría Estratégica y el Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo.

       Ya en 2004, Nóos organiza el evento Valencia Summit, que también se celebraría en los años 2005 y 2006. Nóos recibe  900.000 euros por cada edición.

       En 2005, se celebra en Palma la primera edición del "Illes Baleares Forum", en el que participan expertos del mundo académico, empresarial y deportivo. Por su organización el Instituto Nóos recibe 1,2 millones de euros.

      En 2006, los socialistas de Baleares exigen al Govern de Jaume Matas que aclare el destino de los 1,2 millones de euros abonados a Nóos. Urdagarin es aconsejado para que busque trabajo fuera de España. Urdangarin abandona la presidencia de  Nóos. En 2009 Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, se trasladan a Washington, donde Urdangarin ejercerá de presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica Latinoamérica.

     En 2010, El juez abre una nueva pieza separada en la causa, en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por Iñaki Urdangarin.

         En Noviembre de 2011, estalla definitivamente el escándalo. El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirige el registro en las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona. La policía también registra el domicilio de Diego Torres y recoge de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

      El 12 de diciembre, la casa del rey se desmarca abiertamente de Urdangarin y reconoce el comportamiento "no ejemplar" del yerno del Rey.

          Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres emplearon presuntamente una fundación de ayuda a niños discapacitados creada por ellos para evadir dinero al paraíso fiscal de Belice.

Después de múltiples investigaciones llega la sentencia. En Junio de 2018, el Juez José    Castro dicta la siguiente sentencia:

          Iñaki Urdangarin, condenado a 5 años y 10 meses de prisión.

          Diego Torres, condenado a 5 años y 8 meses de prisión.

         Jaume Matas, ex-presidente de Baleares, condenado a 3 años y 8 meses de prisión.

      José Luis  Ballester, ex-director general de Deportes de Baleares, condenado a 15 meses y dos días de prisión, sustituibles por multa.

      Gonzalo Bernal, el ex-gerente de Illesport: Condenado a 15 meses y dos días de prisión, sustituibles por multa.

Viñeta públicada por El Mundo

        Juan Carlos Alía, ex-director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), condenado a un año y dos días de prisión, sustituible por multa.

       Miguel Ángel Bonet, el ex-secretario de Ibatur, condenado a un año y dos días de prisión, sustituible por una multa.

          La Infanta Cristina, condenada a pagar 136.950 euros.

          Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, condenada a pagar 172.550 euros.

• En Junio de 2012, BILDU denuncia un posible caso de fraude en la financiación de Epsilon. Posteriormente la denuncia parte de José Ignacio Martínez Churiaque como presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).

      La Jueza instructora Mª Teresa Trinidad Santoso juzga por financiación pública irregular a las siguientes personas: El administrador único de la firma, Joan Villadelprat, y uno de su socios, Phil Payne.

     En 2013 el empresario catalán fue acusado y condenado por el juzgado mercantil de Vitoria a tres años de inhabilitación y a pagar 900.000 euros por las deudas de Epsilon, al considerar que fue el único responsable de la quiebra de esta empresa.

     Junto al empresario catalán, el británico Mark Payne, director financiero de Epsilon, tendrán que responder ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava por su actuación en relación con este fracasado proyecto que aspiraba a competir en la Fórmula   Uno y que recibió unos 48 millones de euros en ayudas públicas.

      Ambos deberán responder por la venta de la rama de competición de Epsilon a la escudería Epic Racing, creada por Payne después de que ambos fueran conocedores de la situación de insolvencia en la que se encontraba la primera.

         El fiscal acusa al empresario británico por crear en marzo de 2011 Epic Racing, que un mes después, compro a Epsilon  todos sus activos vinculados con la rama automovilística por 200.000 euros, cuando su valor era muy superior al estipulado, (1.099.236 euros,  según un informe pericial). Los 200.000 euros suponían entre el 20 y el 25% del valor  patrimonial de la empresa de Villadelprat, dinero que nunca llegó a abonarse.  

Escudería del Caso Epsilón

         Según la Fiscalía, el fin de los imputados era conseguir de forma  fraudulenta la rama de competición de Epsilon, sociedad financiada en su mayor parte por fondos públicos del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno Vasco, las diputaciones de Álava y Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Vitoria y el Parque Tecnológico de Álava. 

       En el Parque Técnologico de MIñano, se encuentra el edificio E9 con el logotipo de Epsilon Euskadi. El proyecto de la escudería  incluía un circuito de carreras de Arakamendi  y  el coche eléctrico  Hiriko, todo el proyecto fallido se llevo por delante unos 50 millones de euros en ayudas públicas con el único legado de un pabellón de 13.700 metros cuadrados  de titularidad pública ahora abandonado. Hasta la fecha nadie se quiere hacer cargo y la Administración tiene que seguir pagando religiosamente el mantenimiento y las deudas, un gasto que supera cada año el millón de euros.

      En Febrero de 2019,  la Audiencia de Álava ha archivado las causas penales que estaban abiertas por los proyectos Hiriko y Epsilon, 

• En el año 2012, aparece en los medios de comunicación el Caso Divar. El Magistrado Carlos Dívar, es acusado de utilizar dinero público para efectuar viajes a Marbella sin justificación.   

     La denuncia parte del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez. Los hechos se desarrollan en San Sebastián. 

     La Fiscalía no consideró delictivos los actos. La cuantía de la estafa ascendió a 15.000 euros.  

• Caso Baltar, recibe el nombre del político José Luis Baltar por la presunta contratación irregular de 115 personas. La Fiscalía en su acusación incluye delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El Caso se inició en Enero de 2013. 

      En fechas próximas al congreso del PP gallego, la Diputación de Orense, realizo la contratación de las 115 personas  en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia de Orense. El ministerio público sostiene que los contratos se repartieron entre las personas afines al PP. 

      La denuncia partió del PSOE gallego que denunció que Baltar utilizó a las personas que había contratado para que votasen a su sucesor en el congreso del partido para vencer al candidato de Alberto Núñez Feijóo. 

    Entre las personas involucradas se encuentran altos funcionarios como el secretario, Francisco Cacharro, el ex-interventor, José Manuel Baños y el jefe de personal, hijo del alcalde de Monterrei, municipio de la provincia de Orense, José Luis Suárez. 

    El Juez instructor, Leonardo Álvarez imputa a  José Luis Baltar Pumar, a José Luis Baltar (hijo),  Francisco Cacharro y José Luis Suárez, jefe de Recursos Humanos.

    En julio de 2014, el juzgado de lo penal número uno de Orense condenó a José Luis Baltar Pumar a 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación continuada. La condena no tuvo efectos legales porque Baltar ya se encontraba jubilado.

      Quedan absueltos: José Luis Baltar Blanco,  Francisco Cacharro y José Luis Suárez. 

• En el año 2012 sale a la luz pública el Caso ITV. La  investigación judicial abierta en Catalunya, deriva del “Caso Campeón” sobre una trama formada por empresarios y cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección de vehículos.  

       Los partidos implicados fueron: CiU y Convergéncia Democrática de Cataluña.

    Asimismo fueron imputados los empresarios Ricard Puignou, Sergi Pastor y Sergi Alsina y las siguientes personas: Oriol Pujol, Anna Vidal, Isidre Masalles Román, Josep Tous Andreu, Ricard Puignou Vigo, Germá Gordó Aubarell, María Jesús Muro, Xavier Pujol, y Joaquín José Ortiz Blanco.

Viñeta públicada por El Mundo

      Todos los implicados son imputados por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.  

     La Jueza Instrutora Silvia López Mejías condena  a Oriol Pujol Ferrusola a los tres delitos que ya había admitido el propio Pujol: Cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. Incluye la atenuante de confesión fruto del pacto al que llegó el ex-secretario general de Convergéncia con el ministerio público. El fallo condena a Oriol Pujol Ferrusola a un total de dos años y cinco meses de cárcel y a una multa de 76.000 euros.

     Oriol Pujol Ferrusola reconoce haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favorecer a los empresarios investigados en varias operaciones mercantiles, entre ellas la adjudicación de los nuevos lotes de la Inspección Técnica de Vehículos  en Catalunya.

      La sentencia también incluye una condena de dos años de cárcel para Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol, y penas de cárcel sustituibles por una multa de 83.210 euros para Anna Vidal. Los empresarios Ricard Puignou y Sergi Pastor,  han sido condenados a cinco meses sustituibles por multas de 60.000 euros, el ex-número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, ha sido condenado a cinco meses de prisión sustituibles por multa de 22.500 euros por cohecho. La sentencia incluye el decomiso de 333.838 euros a todos los acusados por las comisiones ilegales pagadas. 

• Caso de los ERES falsos. Se trata de una red de corrupción política relacionada con la Junta de Andalucía, la investigación la comienza la Jueza Alaya a raíz de descubrirse un falso ERE en las investigaciones llevadas a cabo sobre Mercasevilla. La fecha de comienzo de las investigaciones fue Marzo de 2011. 

      Jueza Instructora, Mercedes Alaya. En la causa por desvío de fondos públicos aparecen implicados: PSOE, empresarios de Mercasevilla, Administración Pública, UGT y CCOO. El número de personas implicadas se eleva a 227. El dinero estafado se calcula en 1200 millones de euros.

       Entre 2009 y 2019, se han realizado las correspondientes investigaciones, durante las cuales la Jueza Mercedes Alaya, ha sostenido que el Gobierno andaluz, bajo la presidencia de Manuel Chaves, diseñó un fondo de dinero público para repartir ayudas a empresas elegidas de forma caprichosa.

     El ex-director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero bautizó la partida como  ”fondo de reptiles” expresión atribuida al canciller prusiano Otto von Bismarck que alude al pago de comisiones para comprar voluntades.

      La Jueza de Familia María Núñez Bolaños, continuó con  la instrucción de la Jueza Alaya. La Fiscalía Anticorrupción cuantificó el desvío de fondos en 1421 millones de euros. Dada la extensión del proceso, este se divide en 188 causas separadas.

     Durante la tramitación de las subvenciones irregulares, el ex-interventor general de la Junta Manuel Gómez emitió quince informes entre los años 2003 y 2009, en los que advertía de las deficiencias a la hora de  abonar las ayudas. Durante el juicio, Manuel Gómez ratificó que tres ex-consejeros recibieron sus alertas sobre el procedimiento de pago: José Antonio Griñán, responsable de Hacienda, Antonio Fernández, responsables de Empleo y Francisco Vallejo, responsable de Innovación.

     El fin de las ayudas, era mantener la paz social amenazada por las sucesivas crisis industriales como las de las empresas: Santana, Delphi y Astilleros entre otras y que con las regulaciones de empleo  dejaban en la calle a miles de trabajadores.

      El fin de las ayudas, a todos nos podría parecer lógico, pero el  problema es que las ayudas no sólo llegaron a asalariados afectados por los ERE, a los que se les garantizaba una renta hasta su jubilación, el problema es que estas ayudas incluían a  trabajadores de otras empresas donde no habían trabajado. “Estos operarios eran  llamados intrusos”. 

       El ex-director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, afirmo que los intrusos eran en realidad ”criaturas necesitadas”.

      Guerrero, repartía dinero a “criaturas necesarias” como: Al ex-alcalde de El Pedroso, pueblo natal de Guerrero y a varios amigos y conocidos de su pueblo. Y si ayudaba a sus amigos, como no  iba a ayudar a su familia. Así, las ayudas llegaron a su suegra, 1300 euros mensuales,  900.000 euros a su chófer, quien ante el juez, declaró que se gastó una parte en cocaína, fiestas y copas para él y su jefe.

      La Cámara de Cuentas estima que se distribuyeron indebidamente 73,8 millones de euros entre sociedades y personas del entorno del PSOE. Los ex-concejales de El Pedroso José María Sayago y José Enrique Rosendo, se quedaron con 34 millones de euros. El ex-alcalde  de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, recibió 8,4 millones de euros.

        Durante el juicio, el ex-consejero de Presidencia Gaspar Zarrías comparó el programa con los fondos de emergencia para catástrofes.

       Durante las sesiones judiciales aparecieron casos escandalosos, como por ejemplo el de las consultoras Uniter y Vitalia, que se llevaron 66 millones de euros en comisiones muy superiores a las tarifas del mercado por tramitar pólizas de prejubilación.

     Juan Lanzas Fernández, ex-sindicalista de UGT, es uno de los hombres clave en la trama andaluza de corrupción de los ERE, era conocido como ”el conseguidor” de los ERE.

     El apodo se debe a su habilidad para lograr prejubilaciones presuntamente fraudulentas. Tanto él como su mujer, Patrocinio Sierra, percibieron grandes sumas de dinero tras ser incluidos en el ERE de la empresa malagueña Hitemasa, pese a que nunca habían trabajado en la mencionada empresa. Juan Lanzas, también fue imputado en el caso Mercasevilla. En declaraciones a la Guardia Civil, la madre de Lanzas confesó que su hijo tenía dinero como para “asar un vaca”.

   De las 188 piezas separadas, la pieza más significativa a la que denominaron “procedimiento específico” sentó en el banquillo a varios  dirigentes socialistas acusados de los delitos de prevaricación y malversación: Los ex-presidentes Griñan y Chaves, los ex-consejeros, Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, a los que hay que añadir  14 ex-altos cargos.

      Tras casi nueve años de una instrucción, el escándalo de los ERE llega a su momento más decisivo. En Noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla hace pública la sentencia de la denominada “pieza política”, que afecta a los ex-presidentes que han gobernado Andalucía durante 23 de sus 37 años de historia, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

     El ex-presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado a seis años y dos días de prisión por malversación y prevaricación y 15 años de inhabilitacion para cargo público. Manuel Chaves, ha resultado sentenciado por prevaricación, siendo inhabilitado para el ejercicio de cargo público durante 9 años. La ex-ministra y ex-consejera Magdalena Álvarez y el ex-consejero Gaspar Zarrías han sido condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada.

      Antonio Fernández, ex-consejero de empleo, por delito continuado de prevaricación y malversación es condenado a 7 años 11 meses y un día de prisión e inhabilitación 19 años, 6 meses y un día para cargo público.

      Otros condenados de la pieza política fueron: Jesús María Rodríguez ex-viceconsejero de economía, condenado por prevaricación a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación de 15 años. José Salgueiro ex-viceconsejero de Economía y Hacienda, es condenado a 9 años de inhabilitación. Antonio Vicente Lozano, ex-director general de Presupuestos, condenado a 9 años de inhabilitación. Francisco Javier Guerrero, ex-director general de Trabajo y Seguridad Social, condenado a siete años 11 meses y un día de prisión e inhabilitación de 19 años. Juan Marquez, ex-director de Trabajo y Seguridad Social, condenado a siete años y un día de prisión e inhabilitación de 18 años.

       El proceso continuará con las 187 piezas separadas a lo largo de los años, y en espera de recuperar parte del dinero estafado. Hasta julio de 2018, cuando se hizo el último balance, la Junta de Andalucía sólo había conseguido el reintegro de 6,7 millones de euros del dinero defraudado.

       Creemos, que como muestra bien vale un botón, aunque podíamos seguir enumerando casos y mas casos, pero pensamos que con los ejemplos enumerados ya nos podemos hacer una idea de hasta donde llega el grado de corrupción. 
    Con los casos expuestos, podemos apreciar que la corrupción abarca a todos los partidos políticos y a todo el territorio español.
     La pregunta que nos podemos hacer después de conocer todos estos hechos es: ¿España es más o menos corrupta en comparación con otros países? La respuesta a esta  pregunta la tenemos en los estudios que realiza periódicamente la Organización Transparency Internacional y que plasmamos de forma resumida a continuación. Asimismo, hemos preparado una tabla donde aparecen las valoraciones por naciones.  

    La Organización Transparency International con 28 años de existencia, publica regularmente datos sobre la corrupción en el mundo. De los últimos  datos aportados, se desprenden resultados nada esperanzadores, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud en corregir los problemas de corrupción.

      Del estudio, se desprende que los  países donde existen menos garantías y libertades para la prensa y las organizaciones no gubernamentales, presentan también los peores índices de corrupción.

      El índice, que clasifica 180 países según las percepciones de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en el sector público, emplea una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente. El último estudio concluyó que más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50 y que la puntuación media es de 43.

     En el último estudio se puede observar que Europa Occidental, con una puntuación media de 66 es la zona mejor posicionada, por el contrario, las regiones peor posicionadas son África Subsahariana con una puntuación media de 32 y Europa del Este y Asia Central con una puntuación media de 34.

       Cada semana, un periodista es asesinado en un país con altos niveles de corrupción.           El análisis de los resultados del índice realizado por Transparency International estudió además  la relación entre los niveles de corrupción, la protección de las libertades periodísticas y la participación de la sociedad civil. Casi  todos los periodistas asesinados desde 2012 murieron en países con altos niveles de percepción de corrupción.

     El análisis, que incorpora datos del Comité para la Protección de los Periodistas, muestra que en los últimos seis años, más de nueve de cada diez periodistas fueron asesinados en países con puntuaciones de 45 o inferiores en el Índice de Percepción de la Corrupción. Esto implica que, en promedio, cada semana al menos un periodista es asesinado en un país con altos niveles de corrupción. Asimismo, uno de cada cinco periodistas que murieron estaba trabajando en investigaciones sobre corrupción.

      Desde luego no es un consuelo que la corrupción en España o países europeos de nuestro entorno, quede delimitada al robo de dinero público. Pero ya es el colmo que en países de alta corrupción que se asesine a los profesionales del periodismo que luchan contra la lacra de la corrupción.

       En el cuadro adjunto, se puede observar la valoración de los países mas trasparentes, las valoración de los países más corruptos y la valoración de otra serie de países  mas conocidos del resto del mundo.

       España, ocupa el puesto número 30 con una valoración de 62 puntos en el año 2019. En el año 2012 la valoración era de 65 puntos, lo que nos indica que  en España la corrupción va en aumento.

 

PUESTO	PAIS	PUNTOS AÑO 2019	PUNTOS AÑO 2012
1	DINAMARCA	87	90
2	NUEVA ZELANDA	87	90
3	FINLANDIA	86	90
4	SUECIA	85	88
5	SUIZA	85	86
6	SINGAPUR	85	87
7	NORUEGA	84	85
8	PAISES BAJOS	82	84
9	LUXEMBURGO	80	80
10	ALEMANIA	80	79
11	ISLANDIA	78	82
12	CANADA	77	84
13	REINO UNIDO	77	84
14	AUSTRALIA	77	85
15	AUSTRIA	77	69
16	HONG KONG	76	77
17	BELGICA	75	75
18	IRLANDA	74	69
19	ESTONIA	74	64
20	JAPON	73	74
21	URUGUAY	71	72
22	EMIRATOS ARABES	71	68
23	FRANCIA	69	71
24	ESTADOS UNIDOS	69	73
25	BUTAN	68	73
26	CHILE	67	72
27	SEYCHELLES	66	-
28	CHINA	65	61
29	BAHAMAS	64	71
30	ESPAÑA	62	65
31	BARBADOS	62	76
32	PORTUGAL	62	63
33	CATAR	62	68
36	ISRAEL	60	60
37	ESLOVENIA	60	61
38	LITUANIA	60	54
41	POLONIA	58	58
42	CHIPRE	58	56
44	REP. CHECA	56	49
45	GEORGIA	56	52
46	LETONIA	56	49
47	COSTA RICA	56	54
50	MALTA	54	57
53	ITALIA	53	42
54	ARABIA SAUDI	53	44
55	MALASIA	53	49
59	ESLAVAQUIA	50	46
60	JORDANIA	48	48
61	CUBA	48	48
62	GRECIA	48	36
63	CROACIA	47	46
66	MONTENEGRO	45	41
68	BIELORRUSIA	45	31
69	ARGENTINA	45	35
70	RUMANIA	44	44
71	SUDAFRICA	44	43
73	HUNGRIA	44	55
74	JAMAICA	43	38
75	TUNEZ	43	41
76	BULGARIA	43	41
80	MARRUECOS	41	37
81	INDIA	41	36
84	CHINA	41	39
91	SERVIA	39	39
116	EL SALVADOR	34	38
123	BOLIBIA	31	34
131	MEXICO	29	34
139	PARAGUAY	28	25
140	RUSIA	28	28
148	GUATEMALA	26	33
161	NICARAGUA	22	29
170	GUINEA BISAU	18	25
171	LIBIA	18	21
172	COREA DEL NORTE	17	8
173	GUINEA ECUATOR.	16	-
174	AFGANISTAN	16	8
175	SUDAN	16	13
176	VENEZUELA	16	19
177	YEMEN	15	23
178	SIRIA	13	26
179	SUDAN DEL SUR	12	-
180	SOMALIA	9	8